Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La creación de una zona binacional con Venezuela, suscrita sin consultarle al Congreso ni a nadie, es un nuevo capítulo del manual de excesos ejecutado por el Gobierno. A meses de elecciones, esta iniciativa —presentada como un acuerdo de integración económica— deja serias dudas sobre su legalidad y su verdadero uso como herramienta de control territorial y político. La articulación militar propuesta con el régimen de Maduro, la falta de socialización con comunidades fronterizas y la ausencia de garantías institucionales refuerzan la percepción de que el Ejecutivo opera al margen del escrutinio democrático. Es imperativo que la Corte Constitucional revise con urgencia cualquier decisión o medida anómala o excepcional, y que el Congreso ejerza un control político efectivo, antes de que esa zona binacional se convierta en un enclave de poder paralelo que comprometa nuestra soberanía, nuestra democracia y las próximas elecciones.
La deriva autoritaria ya no se expresa “solamente” mediante declaraciones y actos que contravienen el normal desempeño de las instituciones. El magnicidio de Miguel Uribe pretende intimidar a todos los colombianos. Con el acercamiento a la dictadura venezolana, se va creando un nuevo escenario: ¿acabaremos de socios de una dictadura que, ante la evidencia y los ojos del mundo, robó las elecciones en su país y cuyos líderes, además de condenados por permanente violación de los derechos humanos, son juzgados en Estados Unidos como miembros de una organización narcotraficante? ¿Qué le está ocurriendo al presidente? Los venezolanos son nuestros hermanos, pero Colombia aborrece la dictadura. El presidente delira al suponer que nos solidarizaremos con ella.
Sus declaraciones según las cuales irá hasta donde su versión de pueblo lo lleven —y no hasta donde las leyes lo permitan—, sumadas a las del flamante director del Dapre —su alter ego—, en el sentido de que debe ser reelegido, han generado preocupación en la opinión, los miembros de los partidos de oposición y la comunidad internacional. No son Petro, Benedetti ni el pastor quienes nos otorgan el derecho a unas elecciones libres. Como autoridades, deben garantizarlas y no crear rumores inconstitucionales sobre ellas.
En menos de siete meses tendremos elecciones de Congreso, y en menos de nueve, presidenciales. El presidente no se da por aludido. Parece no darse cuenta de que su periodo se termina. A cambio, pretende “articular” —lo que a su modo de ver es diferente a “unir”— nuestro ejército con el de la dictadura venezolana, con el cuento de la llamada Zona Binacional. Su reciente defensa del dictador venezolano no representa el sentir de la mayoría de los colombianos.
La creación de la llamada zona binacional elude el control del Congreso, de las cortes y desdibuja las fronteras con la dictadura. Se trata de usar el pretexto de acuerdos internacionales para reconfigurar nuestro ordenamiento institucional creando formas de gobierno paralelas amparadas en la supuesta cooperación. Las cortes deben actuar de manera anticipatoria y no reactiva.
Se están violando, entre otros, el artículo 9 de nuestra Constitución por cuanto la articulación militar con un régimen acusado internacionalmente de narcotráfico riñe con el principio de respeto a la soberanía y al derecho internacional. La cooperación militar —anunciada a los colombianos por Maduro y no por Petro— requiere autorización del senado y debe estar alineada con los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos. “Articular” con fuerzas acusadas de violaciones sistemáticas contraviene nuestra legislación. A nivel internacional, la articulación con un régimen que no respeta los derechos humanos y se encuentra vinculado al narcotráfico viola normas internacionales como la Convención de Palermo y la Carta Democrática Interamericana.
La creación de un ambiente de amenazas internas y externas (como un conflicto con Perú) podría ambientar la conmoción para suspender las garantías constitucionales, gobernar por decreto —como ya lo hace en algunas áreas—, saltarse las elecciones bajo pretexto de inseguridad o conmoción y, más tarde, convocar a la “Constituyente” que formalice una dictadura. No resulta descabellado que el escenario se termine de configurar con un Maduro —un criminal— fungiendo como garante de los grupos criminales. Queda la impresión de que se estuviera buscando la ruta más corta para declarar algún tipo de conmoción y alterar el calendario electoral.
Cortes y Congreso deben declararse en alerta y revisar en tiempo real cualquier medida excepcional. De ello depende nuestra democracia.
