Los errores de la Registraduría en las elecciones de Congreso han dejado a nuestro sistema electoral y al país en una posición tan precaria que cualquiera sea el resultado de las presidenciales será objetado por el perdedor. Una vez advertidos, ¿debemos disponernos a observar un desastre anunciado?
Nuestro sistema electoral, luego de lo sucedido en las elecciones de 1970, pudo resistir a 50 años de violencia y los delitos electorales asociados a ella, pero se encuentra en jaque ahora por cuenta de la polarización y sus propias equivocaciones. El sistema, con múltiples controles a diferentes niveles, que culmina en un escrutinio realizado por jueces y notarios, es excelente y fue apuntalado en la reforma de 2003 que dejó en manos de las cortes la selección del registrador, sustrayéndola de los propios políticos y los gobiernos, hasta donde es posible.
Es verdad que no se puede hablar de fraude en el preconteo, una instancia informativa que de todas maneras compromete la confianza pública, su más preciado fundamento. Las diferencias con los escrutinios, increíblemente aún por establecer, hasta ahora han favorecido al Pacto Histórico, un movimiento que se encontraba preparado para ejercer controles a los resultados, un derecho incuestionable. Si los demás partidos y movimientos no lo ejercieron es su propia responsabilidad. Los notorios errores en las elecciones de Congreso, que hasta ahora se limitaban a la elección de Senado, han sido observados también en la de Cámara, fundamentalmente, en la transmisión de información. Una anomalía que podría repetirse en las presidenciales.
Debemos insistir: hasta este punto nadie puede hablar de fraude. La instancia de preconteo es precisamente previa y los errores son corregidos en el escrutinio, lo que confirma la vigencia del sistema. Sin embargo, el verdadero problema creado no es tanto de tipo legal como político e institucional: se trata de los cimientos de la democracia y la confianza ― en este caso desconfianza ― pública.
El ruido sobre las elecciones comenzó con anterioridad a su realización. Recordemos la carta de la vicepresidenta y las constantes menciones desde el Pacto Histórico. Debe advertirse que, en un escenario de polarización, las denuncias de fraude han sido utilizadas con la pretensión de lograr objetivos electorales. Esta tendencia se incrementará si consideramos que a segunda vuelta solo pasan dos candidatos y se vislumbra, de acuerdo con las encuestas ― el mejor elemento científico del que disponemos ― una elección apretada. Las cosas han llegado a un punto en que cuando los resultados de estos estudios no les “convienen”, algunos de los candidatos, sus equipos y opinadores interesados, han arreciado contra ellas, incluso contra empresas de probada credibilidad y responsabilidad como el Centro Nacional de Consultoría, pese a que su metodología y principios son los mismos que utilizan en estudios comerciales que por décadas han probado su eficacia ¿Qué ocurrirá cuando los resultados electorales sean adversos en vista de que solo uno puede ganar? La respuesta obvia se refiere a si el sistema y las instituciones lograrán sobrevivir a tanta pugnacidad en un momento en que, desde diferentes orillas, se apunta a la capacidad del registrador para garantizar eficiencia, transparencia y legitimidad.
De acuerdo con los artículos 265 y 266 de la Constitución y la ley 1134 de 2007, el Consejo Nacional Electoral puede remover al registrador o este puede hacerse a un lado y los presidentes de las cortes surtir su vacancia temporalmente. Pero, insistimos, el problema creado no es de tipo jurídico sino político e institucional, aumentado por el escenario y momento en que se produce, en las vísperas de las elecciones.
Se han convertido en lugar común, en redes y noticieros, afirmaciones como “se está preparando un fraude”, intentando deslegitimar, anticipadamente, un resultado adverso. Un chantaje del tipo “si no ganamos tendremos legitimidad para impedir que el contrario gobierne”, una amenaza inadmisible que los errores de la Registraduría han fundamentado, deteriorando al sistema político y colocando al país en una situación muy peligrosa.
Si el registrador se hace a un lado concedería razón a quienes hablan de fraude; si se queda, pero guarda silencio frente a lo sucedido o se “esconde”, como hizo ante la citación del Congreso, la desconfianza se mantendrá y probablemente crecerá; si es inhabilitado o destituido será difícil, a estas alturas, que su reemplazo pueda satisfacer tanta pugnacidad. Nos encontramos ante una inédita y peligrosa sin salida frente a la cual las altas cortes, corresponsables de la situación, mantienen, en la práctica, inexplicable silencio.
