Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Para verdades, el tiempo. Y los datos. Al confrontar cifras y resultados con las narrativas e historias de los últimos años, fácilmente se comprueba que un desastre bien empacado, novelado y con premeditada y falsa sofistería, sigue siendo un desastre. La publicación “a juro”, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de los estados financieros de la Nueva EPS intervenida por el Gobierno, es decir cuyos directivos fueron designados por el mismo Gobierno y con once y medio millones de afiliados para los años 2023 y 2024, comprueban su irresponsabilidad e indolencia. El fracaso de su gestión en salud concede razón a quienes votaron por la alternancia. ¿Qué tal que siguiéramos en lo mismo?
Los estados financieros de una entidad; sus activos, pasivos y estado de pérdidas y ganancias, constituyen una radiografía de ella. La demora con que se han publicado, mediante orden de autoridad judicial y no por cumplimiento de las normas, es inexplicable. Refleja caos y desorden, característicos de un gobierno que ha desgobernado a través de narrativas. Lo ocurrido no ha permitido ejercer control ni veeduría, sirviendo como tapadera de ineficiencia y corrupción. A tientas, sin información suficiente, sin cumplir normas mínimas de contratación; muy lejos de principios como transparencia y publicidad, se han “manejado” millonarios recursos públicos. Con razón el ministro Jaramillo afirmaba que, si no ganaban las elecciones, se los llevaba “el patas”. La ciudadanía está comenzando a conocer verdades. Tiene derecho a recuperar lo que sea posible y determinar responsables.
En términos de corrupción y malos manejos, debemos esperar las respectivas investigaciones por parte de las entidades que ejercen control y, por mandato constitucional, de la misma ciudadanía. Sin embargo, el desastre político y de gestión es constatable a simple vista. Se trata de sumar y restar aplicando normas de contabilidad generalmente aceptadas.
El argumento según el cual el tiempo no le alcanzó al gobierno para implementar una reforma que nunca acabó de explicar y no pudo cuantificar ni financiar, más allá de ideas generales, no aplica. En democracia, los gobiernos conocen, de antemano, la duración de sus periodos. Sus planes y programas deben ajustarse a ello y no al contrario. Como disculpa no sirve y tampoco la falta de capital político. Sus propuestas y planes deben ser factibles.
La nueva EPS pasó de mostrar, en 2022, utilidades por COP 10.402 millones a enseñar pérdidas por COP 4,8 billones en 2024.Su patrimonio pasó de COP 485.209 millones a COP -11,92 billones. Sus pasivos o deudas pasaron de COP 5,43 billones a COP 22,56 billones, Su patrimonio fue destruido y debe apropiar reservas -para atender a sus afiliados- por COP 11,5 billones. Pese a las evidencias históricas, podemos pasar muchas vidas filosofando si conviene o no estatizar, pero los resultados de la intervención del gobierno son los que se pueden observar, como anticipamos en esta columna desde la llegada de Petro recordando al ICSS.
La reticencia a rendir cuentas es un elemento común a gobiernos autoritarios y corruptos. En esa perspectiva, intentan olvidar que la democracia es un sistema en que, inevitablemente, alguno de los partidos o movimientos pierden las elecciones. Hace una década, en Gambia, Yahya Jammeh, gobernante saliente que perdió las elecciones, pasó, en tan solo ocho días, de felicitar a su sucesor y manifestar que acataría la decisión de las mayorías, a denunciar supuestas irregularidades declarando invalidas las elecciones. En esos ocho días se habían comenzado a conocer notorios hechos de corrupción y crímenes que lo involucraban.
Seguramente seguiremos distraídos con consignas altisonantes, amenazas de golpe y el chantaje de las “calles”. Desgastando herramientas legítimas convertidas en distractores como la “desobediencia civil”. Pero la justicia debe actuar. Bastará abrir los estados financieros de la Nueva EPS y otras entidades para entender lo esencial. Allí quedó registrado, peso por peso, el precio de gobernar con cuentos. Las narrativas seguirán dividiendo opiniones; los balances ya emiten su veredicto. No existe relato posible.
