La utilización del “método” Petro por parte de Cepeda está llevando la pugna electoral a un terreno que a él no le conviene al dejar en evidencia que las elecciones se disputarán entre quienes defienden la Constitución y quienes quieren demolerla. Entre quienes entienden que las reglas del juego son condición de la democracia y quienes creen que el fin justifica cualquier atropello. Con un negativo del 65 % resulta imposible para Cepeda —o para cualquier candidato— alcanzar la Presidencia mientras la actual Constitución, las mayorías y el sistema electoral sobrevivan.
Las decisiones del Consejo Nacional Electoral resultan más controversiales a medida que se acercan las fechas de elecciones. La reacción de los sectores que respaldan al gobierno Petro frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral, al negar una nueva consulta a su candidato, sin embargo, dice más de su concepción del poder que de la suerte electoral de Iván Cepeda.
El CNE es un organismo jurídico-político integrado por “delegados” de los diferentes sectores reflejando su representación en el Congreso. Es una institución democrática que resuelve, digamos, en “primera vuelta” los conflictos electorales en relación a normas. En la práctica se trata de dejar en manos de los propios políticos la resolución de diferencias y flagrantes violaciones a las normas, dentro del marco jurídico de que disponemos y no del que deberíamos tener o a cada quien conviene. Es apenas natural que sus decisiones resulten controvertidas por los damnificados. Como toda institución democrática necesita actualizaciones y reformas -como sugiere el editorial de El Espectador el pasado viernes- lo que no es posible ni recomendable en plenas elecciones.
Desde otro enfoque puede ser controversial pero no antidemocrático que las instituciones disientan de los intereses o los candidatos de los gobiernos, como venía ocurriendo en la Venezuela de Maduro. La decisión del CNE no impide la participación política de Cepeda ni viola derecho alguno. Simplemente aplica reglas conocidas, vigentes y necesarias para preservar un mínimo ordenamiento electoral. Los amigos de Petro -incluyendo a Cepeda- no pueden convertir en objetivo a personas, instituciones o normas que no les favorezcan. La institucionalidad es aceptable solo cuando produce el resultado esperado o debe ser arrasada en nombre de una supuesta voluntad popular.
De muchas maneras la decisión del CNE expresa el momento político, sus mayorías y las del Congreso como suele ocurrir en democracia. La oportunidad de las minorías -como lo ha sido el petrismo- de convertirse en mayoría es, por supuesto, una aspiración legítima que le dio frutos en 2022 al aliarse con sectores de centro ahora desencantados. Pero no puede arrollar, hasta doblegarlas a sus intereses, a las instituciones. Tampoco se soluciona con una Constitución que permita -con cualquier clase de adorno- convertir la voluntad de las minorías en “Ley” como ocurre en las dictaduras.
