La falta de claridad en el alcance de políticas y reformas, la incertidumbre propiciada por eventuales decisiones del Gobierno y múltiples como constantes declaraciones encontradas de funcionarios de primer nivel, sumada a la incertidumbre generada por el entorno internacional, comienzan a afectar negativamente a una economía que, hasta ahora, se ha comportado mejor de lo esperado.
Ante la crisis de aumento de precios, el remedio está resultando peor que la enfermedad. La inflación mundial ocasionada, mayormente, por la reacción de la demanda luego del encierro está siendo confrontada en todo el mundo subiendo las tasas de interés, lo que hace inminente una recesión global hasta ahora combinada con inflación, la indeseada estanflación. La economía no crece como debiera, pero los precios, hasta ahora, no se detienen.
A diferencia de crisis anteriores, como la de 2008, Europa y Estados Unidos, al unísono, han asumido la subida de tasas de manera uniforme y simultánea, casi como única respuesta. Lo mismo ha hecho la Junta Directiva del Banco de la República, aunque, tratándose de un escenario inédito, nadie conoce con precisión sus efectos y consecuencias. La respuesta podría ser que no hay otra cosa que hacer, que sepamos, para detener la inflación e impulsar al mismo tiempo la oferta. Desde Colombia sí sabemos que el alza de tasas en Estados Unidos y Europa, si no hacemos lo propio, devaluará más el peso, encarecerá aún más la deuda y propiciará más inflación.
No es una opción quedarnos “quietos”, ni comenzar a establecer nuestro propio “corralito” con medidas como gravar a los capitales golondrina, como ha propuesto el presidente Petro, a quien convendría –en realidad nos conviene a todos– sincronizar sus trinos con el ministro Ocampo –quien debió aclarar que no habrá control de cambios– por el bien de la confianza en nuestra economía. Nos podría ir mejor ejecutando políticas para estimular la oferta, por ejemplo.
Precisamente, declaraciones como esa –un insumo para la incertidumbre política– han disparado en los últimos meses el indicador de riesgo país –un sobrecosto por la probabilidad de no pago de la deuda– a niveles sin precedentes en las últimas décadas. El gobierno debe y puede dimensionar los impactos de sus declaraciones.
Una encuesta realizada el jueves anterior a empresarios e inversionistas por una importante entidad financiera reveló que la situación política interna –la incertidumbre política por declaraciones como la citada– afecta en un 37% sus decisiones de inversión, mientras la subida de tasas lo hace otro tanto; un escenario que se completa con el choque entre la locomotora, o aplanadora, de las mayorías en el Congreso que aprobarán la reforma tributaria y la locomotora que mueve, en el mundo real, nuestra economía. De continuar las cosas como van no lograremos “sacar de la economía fósil los recursos para la economía descarbonizada”, como quiere el presidente. Para entonces, nuestra economía real podría estar demolida.
Para la mayoría de los empresarios, de aprobarse en las actuales condiciones la reforma, mataríamos “la gallina de los huevos de oro”, gravando exageradamente los pilares de la economía en un momento en el que estamos advertidos de la inminencia de una recesión. El freno a la exploración de nuevos recursos energéticos, mientras Rusia y la OPEP reducen la oferta, y Estados Unidos y Europa claman por energía, puede ser coherente con los programas de largo plazo del Gobierno y los sueños de la humanidad, pero en la Colombia y el mundo de hoy son un grave contrasentido. . De una vez por todas el Gobierno debe establecer los tiempos y cuantificar los efectos de sus declaraciones y políticas en la economía y en los ingresos del país. Hoy, mediante la aplicación de modelos, es una tarea bien sencilla que el Congreso no puede dejar de elaborar y discutir, antes de aprobar cualquier reforma, para ir más allá de sus propios intereses y de tantas buenas y malas ideas.
Mientras tanto, valdría la pena que además de impuestos el Gobierno y las autoridades mostraran mejores resultados en la lucha contra la corrupción, su principal argumento de campaña. Mientras nos ocupamos del tamaño de los impuestos, quienes han robado por décadas al erario permanecen, hasta ahora, imperturbables.
