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Los paros de la semana pasada recordaron al gobierno saliente su deficiente gestión y el incumplimiento de tres de sus pilares de campaña: una transición energética justa, la defensa del agua como eje del ordenamiento territorial y el fortalecimiento del agro popular. De nuevo ha quedado en evidencia la desconexión entre los discursos -en los que el presidente se considera experto- y nuestra realidad. En estas áreas y promesas, como en el caso de la salud pública y la “paz total”, también fracasó.
El divorcio entre sus discursos y la realidad fue puesto de nuevo en evidencia no por la oposición ni por “los fascistas”, como califica a quienes divergen de su confusa doctrina, sino por cultivadores de papa, campesinos quienes -en realidad- son los únicos cuidadores de los páramos, y pequeños productores de carbón. Se trata, en resumidas cuentas, de la economía rural y popular que el gobierno se comprometió a defender.
En el caso de la papa no hay “ricos y ladrones” a quienes el gobierno pueda acusar. Se trata de una sobreproducción de casi 150.000 toneladas a la que ni el gobierno, y mucho menos los pequeños agricultores, se pudieron anticipar en lo que debería ser un caso concreto de intervención efectiva del Estado para apoyar sectores vitales que con su trabajo defienden nuestra soberanía alimentaria.
En el caso de los páramos, el Decreto 044 de 2024 delimitó zonas sin consultar a familias y comunidades que, desde los tiempos de las encomiendas, son en realidad sus protectores ancestrales. Por siglos han convivido con ellos en armonía y cuidado lo que hoy existe. Cría de ovejas y pequeños cultivos de papa, las más de las veces para su propia subsistencia, han sido respetuosos con el medio ambiente. Nadie mejor que ellos para gestionar su cuidado de la mano con el Estado. Han sido ignorados.
En el caso del carbón es más sencillo prohibir sus exportaciones e inmovilizar a las termoeléctricas -aun inconstitucionalmente, como advirtió la Procuraduría- para alinearse con políticas y discursos efectistas que realizar una transición gradual, concertada, adecuadamente planificada, administrada y financiada. Las consecuencias son pequeñas cooperativas quebradas y la pérdida de miles de empleos que, en algunos municipios, son la única fuente de subsistencia.
En los tres casos destacan patrones transversales nefastos: falta de diálogo institucional y ausencia de participación de la ciudadanía; improvisación en las normas y ausencia de articulación entre decisiones, entidades y niveles de gobierno. El gobernador de Boyacá, fanático gobiernista, pero con sus pies y sus electores en el territorio, se ha visto obligado a solicitar del gobierno más coherencia y consideración con las condiciones de vida de sus paisanos. El discurso, en la superficie social y ambientalista, se estrella con la realidad al generar desempleo, desconfianza, parálisis productiva e inconformidad en los territorios; una realidad bien diferente a la que se pinta en cansonas intervenciones televisadas que intentan con perspectiva reeleccionista e inocultable culto a la personalidad reemplazar a los noticieros.
Los tres paros dejan al gobierno dos importantes lecciones: 1) la gestión pública y una eficiente administración -y no solo las particulares creencias o intereses del gobierno- deben ser consideradas, y 2) para cambiar la vida de las personas es importante contar con ellas; con sus costumbres, cultura y formas de vida antes de decidir, en un ejercicio de autoritarismo, abusivamente, sobre ellas.
