El fracaso de la llamada Paz Total ha dado paso a un gobierno que se reconoce como su antípoda. Pero el nuevo Gobierno debe entender que la utilización de la fuerza, sin una estrategia de Estado consistente, puede terminar siendo tan episódica –aunque difícilmente tan dañina– como la que pretende corregir. Para no repetir los errores del pasado, en lugar de “atrincherarse” en un núcleo minoritario de sus propios electores, ubicado más a la derecha, necesita construir consensos.
Durante el gobierno Petro, el problema dejó de ser el narcotráfico, la extorsión o la corrupción considerados separadamente. Lo que Santa Marta ha develado es mucho más grave: se trata de la penetración de la economía criminal en la vida ciudadana. Cuando una estructura criminal puede imponer tarifas, controlar negocios y convertir a ciudadanos y empresarios en sus financiadores obligados, ya estamos a otro nivel. La crisis de seguridad en el Magdalena y La Guajira revela la existencia de un nuevo modelo criminal.
Sin embargo, el vacío de autoridad en que se encuentra la Colombia post Petro no se resolverá, exclusivamente, mediante la aplicación, aun legítima, de la fuerza del Estado. Necesitamos una estrategia incluyente, coherente, permanente, financiada y consensuada que retorne al Estado el gobierno en los territorios e impida que el vacío dejado por grupos como los de la Costa sea ocupado por otros, como ha sucedido en el pasado.
Todo esto ha ocurrido mientras asistíamos al crecimiento de las áreas sembradas de coca y de su productividad. El aumento en las incautaciones revela la magnitud de un negocio que ha servido como núcleo aglutinante de otras rentas y actividades criminales; que ejerce influencia en sectores importantes de la población acostumbrados, por la fuerza, a convivir con ellas y de ellas. Así ha ocurrido con la extorsión, convertida, junto con la minería ilegal, en importante línea de negocios en el portafolio del crimen.
En la Colombia que nos ha heredado Petro, la recuperación de la autoridad no puede convertirse en una colección de hechos aislados ni de exhibiciones episódicas de poder. Capturar o dar de baja –como dice el presidente– a un jefe criminal puede ser inevitable. Recuperar un territorio, indispensable. Pero conservarlo va mucho más allá. La permanencia de las Fuerzas Armadas en las zonas “calientes”, por ejemplo, exige de las debilitadas finanzas del Estado un gran esfuerzo. Una estrategia de ese tamaño requiere de respaldo en el plan de desarrollo; en el presupuesto y el respaldo de todos los sectores de la población.
El reto de De la Espriella no consiste en demostrar que el Estado o su gobierno pueden dar golpes al crimen. Necesitamos demostrar que puede permanecer y cumplir sus funciones constitucionales de manera estable, a diferencia de lo ocurrido en el pasado. Una operación puede recuperar una calle, un barrio o un municipio por unas horas, pero solo una política de Estado consistente puede impedir que el crimen vuelva a ocuparlos. Mientras el Estado negociaba y cedía espacios, los criminales aprendieron a gobernarlos. El vacío dejado fue recuperado; administrado y convertido en negocio por ellos. Son consecuencias del gobierno Petro, pero en buena parte pueden endosarse a la falta de acuerdo –la exclusión de la centroderecha y el conejo del plebiscito– en los acuerdos con las FARC.
Si De la Espriella quiere hacer de la recuperación de la autoridad una política duradera y no solo otra bandera de gobierno quizá tenga en el Acuerdo Nacional de Álvaro Gómez Hurtado la inspiración que necesita para que una historia de fracasos no se siga repitiendo.