¿Cuál es el significado de que el procurador general de la nación afirme que Colombia estuvo en riesgo de no cumplir el calendario electoral? ¿Qué y quienes lo pusieron en riesgo? Las consecuencias de la mala política, según la cual se deben respetar los resultados y las instituciones solamente cuando a cada quien le conviene o sus resultados le favorecen.
Las recientes declaraciones del procurador, según las cuales “No iba a haber elecciones”, dada su gravedad, exigen precisar sus particularidades, responsables y alcances. Debe identificar públicamente a los responsables y conminarlos ante las autoridades pertinentes. No tiene sentido que quienes no respetan las reglas de la democracia, las instituciones y el Estado de derecho se sigan amparando en las posibilidades que ofrecen para intentar derrumbarlas. ¿Cuál es el sentido de utilizar el mecanismo de réplica, por ejemplo, si no reconocen el resultado de las elecciones?
Las declaraciones que involucran a otras autoridades son muy graves: “Quiero hacerle un reconocimiento al señor Contralor y al señor Registrador. Prevenir fue haber adelantado exitosamente el programa de Paz Electoral, que fue el que permitió gracias a ellos dos que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”. Que no se refiera a las Fuerzas Armadas descarta que se estuviera refiriendo a los grupos ilegales como generadores exclusivos del riesgo denunciado. El procurador debe saber que hechos tan graves –un golpe o intento de golpe– no se puede quedar, desde sus responsabilidades, en unas declaraciones o denuncia mediática. Le corresponde tomar las acciones a las que la ley y las responsabilidades de su cargo le comprometen.
Sus palabras coinciden con el reiterado desconocimiento de la Organización Electoral y los resultados de las elecciones por parte del expresidente Petro, de manera deliberada y anticipada. Desde su posesión en 2022, sus narrativas no probadas sobre fraude, repetidas recientemente, ameritan una explicación a fondo en la comisión de Acusaciones de la Cámara. Los representantes no pueden seguir ciegos y sordomudos frente a hechos como los denunciados o la violación de los topes que permitieron su elección.
En el expresidente Petro –a quien no se debe confundir con la llamada izquierda colombiana– hemos podido observar, como un patrón de su conducta, la utilización de la democracia contra la democracia como argumento político de su predilección. Un método eficaz para seducir incautos basado en cuentos, prenociones y generalidades. Como presidente y alcalde ha utilizado las instituciones, los mecanismos constitucionales, los medios y los recursos públicos para lograr sus objetivos sin preocuparse de las reglas o el interés general. En relación a las instituciones, en cambio, las cuestiona, confronta o deslegitima cuando sus decisiones contradicen sus intereses. El mismo procurador ha observado que Petro puede intentar defender su gobierno, pero no seguir degradando a las instituciones ni atacarlas transgrediendo los mecanismos constitucionales, como lo sigue haciendo al desconocer los resultados electorales.
Es diferente ejercer un derecho constitucional a utilizar ese derecho para desconocer la legitimidad del sistema que lo garantiza. La oposición tiene derecho a replicar al presidente porque la Constitución protege ese derecho, pero ello no puede convertirse en argumento para deslegitimar el resultado electoral o cuestionar la alternancia. No es democrático aceptar sus reglas y resultados, solamente, cuando nos favorecen. La democracia no se reduce a un menú del que se escogen los derechos y se rechazan las obligaciones.
