Derechos humanos politizados

Al privilegiar los derechos de los protestantes sobre los de todos los colombianos, la CIDH se involucra en la polarización que en su propio informe reconoce. Omite relatar y evidenciar que la violación de derechos por parte de miembros de la Policía se refiere a lamentables hechos puntuales que deben investigarse y castigarse, como se ha hecho, pero no de una política institucional o de gobierno. Minimiza el daño ocasionado por los bloqueos y la vulneración de derechos de millones de colombianos.

El documento de la CIDH refleja la situación del país. Puede ser de gran utilidad como herramienta de diagnóstico al agrupar y puntualizar una agenda de temas, pero no debe ser usado como instrumento para obtener réditos electorales o ayudar a deslegitimar las acciones del Estado por el origen político del actual Gobierno, cosa que finalmente hace con una mirada parcializada y prejuiciada.

Por su parte, la reacción del presidente, al señalar que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, no por cierta desconoce el origen y contexto del informe, así como la pasividad del propio Gobierno en los orígenes del paro. Sigue situado en una perspectiva reactiva que no le deja observar sus propias equivocaciones. La CIDH, como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que es miembro Colombia, cumple con su función al observar lo sucedido durante el paro, un objetivo diferente a la utilización política que se hizo y hace de su actuación.

El informe comienza elogiando la estructura institucional del país y nuestra Constitución. Luego avanza en las causas de la protesta, identificando acertadamente desigualdad, violencia y pandemia como las más relevantes. Al reconocer que “la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo”, vagamente reconoce la acumulación histórica de demandas ciudadanas y apenas reseña la influencia de estructuras criminales y narcotráfico como factor diferenciador y actor determinante en la vida y deformación institucional del país, su efecto devastador en los derechos humanos.

Probablemente ese error en el diagnostico influye en sus recomendaciones, parecidas a una declaración de buenas intenciones que se podrían resumir en el cumplimiento de la Constitución y la ley, en cuyo caso la efectividad en la aplicación de justicia estaría en entredicho, un tema que el informe no enfoca, salvo para solicitar resolver los desafueros observados durante el paro por parte de la Fuerza Pública pero marginalmente por parte de otros actores.

Propuestas puntuales contenidas en el informe, como la separación de la Policía del Mindefensa o una ley reglamentando la protesta han sido motivo de amplio debate. La separación de la Policía se ha calificado como improcedente dada la experiencia en el periodo de violencia liberal-conservadora, pero probablemente el argumento más fuerte sean, en la Colombia de hoy, las distorsiones ligadas al narcotráfico, una amenaza real que promueve la fragmentación del Estado, de la que el informe no se ocupa. Por su parte, la reglamentación de la protesta es un compromiso constitucional, aunque no le guste a la oposición, y debemos atender la sugerencia y avanzar en ella.

Capítulo aparte merecen los comentarios y recomendaciones referidos a la utilización de internet, en cuanto no se conocen en Colombia políticas o antecedentes de censura en las redes por parte del Gobierno actual o los anteriores. Otra cosa son los delitos que allí se cometen. El problema de fondo, aunque el informe no lo diga, se refiere a la desigualdad en el acceso y la urgencia de la universalización del servicio, hoy por hoy convertido en eje de la educación, el progreso social y el reconocimiento y respeto de derechos.

Desde otro ángulo, ningún Estado puede desconocer la influencia de las redes y la utilización de datos en la conformación y manipulación de la opinión, un hecho probado a nivel mundial en diferentes procesos electorales y movilizaciones ciudadanas, elevado al nivel de seguridad nacional en Europa y Estados Unidos. El llamado de la CIDH debe entenderse como uno hacia su necesaria reglamentación para garantizar los derechos de todos ante una ciudadanía hoy inerme. El país está demorado en tramitar esa sugerencia.

En el fuego cruzado de pasiones e intereses políticos que vivimos en Colombia como consecuencia de la polarización, las acciones del Estado estaban, para los contradictores del Gobierno, deslegitimadas por anticipado. Una eficaz campaña en Europa y Estados Unidos se había encargado de inclinar esa balanza, fundamentada en el origen uribista del Gobierno, potenciada por la inactividad de la Cancillería y el mismo Gobierno que apenas pudo reaccionar. La CIDH “compró” esa versión y malogró la oportunidad de su visita para lograr entendimiento y consenso.

@herejesyluis