La situación de anomia en que nos encontramos no puede continuar. La anarquía debe parar. Si el Gobierno no logra negociar y tampoco restablecer rápidamente un mínimo de armonía y orden, el escenario solo puede empeorar.
El país se desmorona ante nuestros ojos, pero no por cuenta de las marchas legítimas de jóvenes, desempleados y familias afectadas, mayormente, por la pandemia, que ha hecho la diferencia y empujado a millones de colombianos a la pobreza. Un manejo errático de la crisis y una provocación innecesaria e inconveniente, la reforma tributaria, han encendido muchas llamas, entre ellas las de quienes tienen como objetivo el derrumbe de las instituciones. Los bloqueos de vías, comida, oxígeno y ambulancias no son derechos de nadie. Tampoco las agresiones contra la Fuerza Pública ni los excesos que esta pueda cometer.
Luego de quedar en evidencia la inexperiencia y aislamiento del gobierno de una Colombia que ha inundado las calles y lo ha “sorprendido”, procede acompañar a las instituciones en la defensa del Estado de derecho, proteger las libertades y los derechos de todos, incluidos quienes no han salido a marchar, pero no demoran en hacerlo si las circunstancias se mantienen, provocando un escenario aún más conflictivo, de confrontación civil. Hoy no es popular decirlo, pero “la calle” no representa el sentir de todos los colombianos.
Los promotores de los paros también tienen responsabilidad y deben considerar que toda situación tiene límites, que el país no puede marchar para siempre, que nos toca trabajar. La intransigencia de algunos líderes, aprovechando las circunstancias, deja la impresión de que no tienen intenciones de negociar, a menos, por supuesto, que se trate de derrumbar el Estado de derecho, una perspectiva real para algunos actores involucrados.
En las movilizaciones hemos visto un nivel de insatisfacción y desesperación sin precedentes desde el asesinato de Gaitán, lo que se corresponde con la peor epidemia en 100 años, pero también expresiones de terrorismo, vandalismo y una acción concertada contra las instituciones. El gran desafío de Colombia en el momento se refiere a superar el espíritu de confrontación y los intereses que se observan en los diferentes actores por el reconocimiento y trámite civilizado de sus diferencias para encontrar una salida política e institucional.
“La calle”, desde una perspectiva de análisis de actores, deja de ser un concepto abstracto que se puede sustituir por el de “grupo de ciudadanos que consideran tener razones y cuyos reclamos no han sido tramitados por los canales convencionales e institucionales”. Resulta difícil identificar a sus representantes, de cara a un proceso de negociación, y su misma gobernabilidad. Conocemos las demandas de los maestros, de las centrales de trabajadores, de las diferentes dignidades y de quienes demandan el cumplimiento de acuerdos, pero en “la calle” se han expresado, con fuerza, los jóvenes y los trabajadores informales, quienes no tienen una clara representación. También, sectores de transportadores sin interlocución con el ministerio del ramo. Pese a ello, con todos los anteriores sería posible encontrar una salida negociada.
Más sencillo resulta identificar a los grupos empeñados no en solucionar algún tipo de problema específico sino en desestabilizar. Dentro de ellos destacan los grupos narcotraficantes y, sin duda, el gobierno venezolano, como confirmó el presidente ecuatoriano al afirmar: “Las organizaciones de Inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, en lo que está sucediendo en este momento en Colombia”. Una estrategia para deslegitimar al Estado y una coherencia y consistencia sin antecedentes, propias de una organización militar, como en la toma y acciones simultáneas contra los CAI, se ha podido visibilizar.
Podemos coincidir en que el Gobierno se ha equivocado, en que la corrupción debe encontrar un límite, en que es indispensable abrir espacios de inclusión y cumplir con demandas de sectores de la población largamente postergados, incluyendo una renta básica temporal a los más necesitados. Estamos aprendiendo, con dolor, la lección de que en cualquier sociedad la prioridad es el bienestar de la gente y su derecho a una vida digna. ¿No era más conveniente un préstamo excepcional del Banco de la República, como tantas veces solicitamos, a lo que estamos viviendo?
Pero en cualquier diálogo o negociación debe quedar claro que las instituciones y la Constitución no son negociables, que no estamos dispuestos a aceptar ninguna forma de dictadura o ruptura de nuestras instituciones, ni, como se escucha en sectores de “la calle”, de anticipo de las elecciones. En cualquier caso, la actual sensación de caos, de desgobierno, no puede continuar.
La situación de anomia en que nos encontramos no puede continuar. La anarquía debe parar. Si el Gobierno no logra negociar y tampoco restablecer rápidamente un mínimo de armonía y orden, el escenario solo puede empeorar.
El país se desmorona ante nuestros ojos, pero no por cuenta de las marchas legítimas de jóvenes, desempleados y familias afectadas, mayormente, por la pandemia, que ha hecho la diferencia y empujado a millones de colombianos a la pobreza. Un manejo errático de la crisis y una provocación innecesaria e inconveniente, la reforma tributaria, han encendido muchas llamas, entre ellas las de quienes tienen como objetivo el derrumbe de las instituciones. Los bloqueos de vías, comida, oxígeno y ambulancias no son derechos de nadie. Tampoco las agresiones contra la Fuerza Pública ni los excesos que esta pueda cometer.
Luego de quedar en evidencia la inexperiencia y aislamiento del gobierno de una Colombia que ha inundado las calles y lo ha “sorprendido”, procede acompañar a las instituciones en la defensa del Estado de derecho, proteger las libertades y los derechos de todos, incluidos quienes no han salido a marchar, pero no demoran en hacerlo si las circunstancias se mantienen, provocando un escenario aún más conflictivo, de confrontación civil. Hoy no es popular decirlo, pero “la calle” no representa el sentir de todos los colombianos.
Los promotores de los paros también tienen responsabilidad y deben considerar que toda situación tiene límites, que el país no puede marchar para siempre, que nos toca trabajar. La intransigencia de algunos líderes, aprovechando las circunstancias, deja la impresión de que no tienen intenciones de negociar, a menos, por supuesto, que se trate de derrumbar el Estado de derecho, una perspectiva real para algunos actores involucrados.
En las movilizaciones hemos visto un nivel de insatisfacción y desesperación sin precedentes desde el asesinato de Gaitán, lo que se corresponde con la peor epidemia en 100 años, pero también expresiones de terrorismo, vandalismo y una acción concertada contra las instituciones. El gran desafío de Colombia en el momento se refiere a superar el espíritu de confrontación y los intereses que se observan en los diferentes actores por el reconocimiento y trámite civilizado de sus diferencias para encontrar una salida política e institucional.
“La calle”, desde una perspectiva de análisis de actores, deja de ser un concepto abstracto que se puede sustituir por el de “grupo de ciudadanos que consideran tener razones y cuyos reclamos no han sido tramitados por los canales convencionales e institucionales”. Resulta difícil identificar a sus representantes, de cara a un proceso de negociación, y su misma gobernabilidad. Conocemos las demandas de los maestros, de las centrales de trabajadores, de las diferentes dignidades y de quienes demandan el cumplimiento de acuerdos, pero en “la calle” se han expresado, con fuerza, los jóvenes y los trabajadores informales, quienes no tienen una clara representación. También, sectores de transportadores sin interlocución con el ministerio del ramo. Pese a ello, con todos los anteriores sería posible encontrar una salida negociada.
Más sencillo resulta identificar a los grupos empeñados no en solucionar algún tipo de problema específico sino en desestabilizar. Dentro de ellos destacan los grupos narcotraficantes y, sin duda, el gobierno venezolano, como confirmó el presidente ecuatoriano al afirmar: “Las organizaciones de Inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, en lo que está sucediendo en este momento en Colombia”. Una estrategia para deslegitimar al Estado y una coherencia y consistencia sin antecedentes, propias de una organización militar, como en la toma y acciones simultáneas contra los CAI, se ha podido visibilizar.
Podemos coincidir en que el Gobierno se ha equivocado, en que la corrupción debe encontrar un límite, en que es indispensable abrir espacios de inclusión y cumplir con demandas de sectores de la población largamente postergados, incluyendo una renta básica temporal a los más necesitados. Estamos aprendiendo, con dolor, la lección de que en cualquier sociedad la prioridad es el bienestar de la gente y su derecho a una vida digna. ¿No era más conveniente un préstamo excepcional del Banco de la República, como tantas veces solicitamos, a lo que estamos viviendo?
Pero en cualquier diálogo o negociación debe quedar claro que las instituciones y la Constitución no son negociables, que no estamos dispuestos a aceptar ninguna forma de dictadura o ruptura de nuestras instituciones, ni, como se escucha en sectores de “la calle”, de anticipo de las elecciones. En cualquier caso, la actual sensación de caos, de desgobierno, no puede continuar.