Desobediencia y culpa

Al cambiar radicalmente su actitud luego del triunfo de Abelardo de la Espriella (ADLE), el senador Iván Cepeda deja la impresión de utilizar la desobediencia como amenaza para que no investiguen al gobierno saliente. Pretende involucrar a sus seguidores y al país en un conflicto, por hechos que comprometen sólo a Petro y sus asociados. Se trata de deslegitimar, por anticipado, las actuaciones de los organismos de control y de la justicia. Al movilizar a sus seguidores contra las instituciones, envían un claro mensaje de temor ante lo que se ha conocido y pueda conocerse.

La declaración de Cepeda ha ocurrido luego de que Noticias Caracol hiciera públicos esclarecedores videos que podrían hacer pasar de tácita a explícita una eventual relación entre el presidente saliente y estructuras criminales. Para algunos se trata de la primera prueba reina que solo pocos conocían. Una que confirmaría el llamado “Pacto de la Picota”. Ha invocado Cepeda la nacionalidad estadounidense de ADLE como impedimento y solicitado que Petro no sea extraditado, lo que no lo hace menos responsable si la justicia así lo determina.

Se trata de asuntos diferentes. La nacionalidad de ADLE no lo compromete ni le inhabilita, como han dictaminado ya los tribunales. Eso sería como pensar que Petro está asustado y carece de legitimidad para gobernar los días que le quedan por su nacionalidad italiana o por exceder los topes en la campaña o porque le estarían dando caramelo con el retiro de la lista Clinton. O suponer que le ha echado cuentos al papa sobre la defensa de los pobres para que lo defienda ante una eventual acusación en los tribunales de los Estados Unidos.

Todas las legislaciones coinciden en establecer diferentes niveles de responsabilidad para quienes gobiernan y para los demás. No es lo mismo expresar un punto de vista sobre la prohibición, una postura filosófica o ideológica, que desafiar desde el gobierno las normas que rigen a la comunidad internacional. Si el presidente ha cometido delitos es a él y a sus asociados a quienes corresponde responder en cambio de parapetarse en sus incautos seguidores.

La pretensión de convertir una eventual extradición de Petro en la principal bandera política de la llamada izquierda la reduce a muy poco. La democracia requiere de una verdadera oposición que proponga reformas alternativas, ejerza el control político y la deliberación que millones de colombianos esperan de quienes no hacen parte del gobierno. Si se llegase a probar el vínculo entre narcotráfico y funcionarios del gobierno saliente desde la campaña que lo eligió o durante su periodo de gobierno, ello no compromete a sus electores ni a todo el espectro de lo que se conoce como la izquierda o el “progresismo”.

También debemos diferenciar entre las responsabilidades del presidente saliente frente a la comunidad internacional y las legislaciones de otros países de las que pueden resultar, como resultado de violación de las normas internas y hechos de corrupción, como los ya conocidos en los casos de los expresidentes de Cámara y Senado y en la UNGRD. El anuncio de desobediencia no puede entorpecer la acción de la justicia ni una inevitable rendición de cuentas. La justicia no puede ser reemplazada por declaraciones de desobediencia ni ceder ante amenazas.

La actitud del gobierno entrante resulta, por lo menos, comprensible, si consideramos que millones de colombianos votaron solicitando esa rendición de cuentas. Se trata del cumplimiento de una promesa de campaña, tal vez la más reclamada por muchos de sus electores.

En el actual contexto, la desobediencia civil se convierte en retórica y en escudo de algunos para protegerse de la acción de la ley. El síntoma de un profundo temor a la verdad.

@herejesyluis