La consulta no es inocua: distrae al país de una mala gestión. De su connivencia con el crimen y notorios casos de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Su utilización como chantaje al Congreso -si no le aprueban, sin modificar puntos ni comas, su reforma- es antidemocrática y envilece al sistema político. ¿Cuál será la siguiente amenaza? Mejor la consulta ahora que convertirnos en rehenes de algún perdonavidas. Por cierto, si se realiza ahora, sin lugar a dudas el gobierno la perdería. Para defender las instituciones no conviene postergar la verdadera discusión subyacente entre democracia y autoritarismo que solo daría más tiempo a quienes pretenden destruirlas.
Algunos piensan que “solo” se trata de “ablandar” al Congreso, pero la duda es inútil. Tiene origen en un presidente que desde siempre amenazó con ir “hasta donde el pueblo lo lleve” y no hasta donde la Constitución y las instituciones lo permitan. Al decretar la consulta ejerce la dictadura. Ya no se trata de un diálogo democrático. No se refiere a controversias y leyes sino a imposiciones y decretos. El presidente espera que “su pueblo” lo unja en Cali, reviviendo el estallido social, para oficializarla. ¿Si van muchos inaugura la dictadura desde ese día? ¿Si van pocos la aplaza hasta que tenga más ventaja?
¿Nos están midiendo? El anuncio del decreto se trataba “apenas” de una medida de aceite a las cortes, al congreso y a los colombianos, a ver si nos conformamos con nuestra nueva condición de rehenes de un régimen que cuando no le convienen las reglas -comenzando por la ley de mayorías- contrata a costosos asesores para acomodar una interpretación de ellas. Luego de desconocer o convertir en objeto de burla decisiones del Congreso y la rama judicial y/o amenazarlas como costumbre, nadie puede creer en alguna verdad gubernamental diferente a su propia conveniencia y no a la de Colombia. Sabemos que desconoce y desconocerá cualquier ley, sentencia o decisión que no se ajuste a sus particulares intereses.
Dado el nivel de agresividad, desinstitucionalización y amenazas observadas, el Senado debería declararse impedido para avanzar en la reforma laboral o cualquier otra propuesta proveniente de un gobierno que rompió los acuerdos institucionales. Dando un giro más realista, debería viabilizar la consulta, único punto de confluencia. Por demás, convocada por decreto es impracticable a menos que con un nuevo decreto cambien las cortes y las autoridades electorales, lo que no se puede descartar. Si el gobierno no la convoca, finalmente, es porque no le conviene. Pese a sus alharacas se sabe perdedor. Cualquier consulta será recibida por una ciudadanía ante la que se ha puesto en evidencia convirtiéndola en un plebiscito sobre una desastrosa gestión. La gente ya no le cree a tanto prohombre asociado a esa causa. ¿Estarán en sus cabales Benedetti y sus socios al promulgar cualquier decreto?
La consulta es un pretexto usado por el gobierno para disimular una mala gestión y discursear sobre su “revolución” permanente. Sin embargo, ningún pichón de dictador ha renunciado a serlo si se lo solicitan monjitas o personas bienintencionadas argumentando razones. La consulta, así sea con un pretexto que en apariencia le concede ventaja, como la reforma laboral, es una manera de resolver diferencias con un gobierno autoritario. Aplazar su resolución -como enseña la Ciencia Política- solo le daría más ventajas.
