¿Dónde están las cortes y el Congreso?

Ni el acuerdo binacional ni ningún tipo de relación con Venezuela puede prescindir del hecho de que estamos tratando con una dictadura. La pregunta no es si debemos cooperar con Venezuela. Es si podemos hacerlo sin legitimarla. El acuerdo binacional firmado por el gobierno Petro con una tiranía que los colombianos aborrecemos es inconstitucional y no nos representa. Pretende darle aire a un régimen que agoniza y abrir la puerta a alguna forma de excepción que le permita prolongar su propia agonía a tan solo días del final de su mandato. El Congreso y las cortes deben proteger nuestros derechos constitucionales antes de que sea tarde para la democracia.

La declaración de la canciller colombiana pretendiendo justificar el extraño y abusivo acuerdo, según la cual el de Venezuela es un gobierno con “herramientas democráticas” (¿?), apunta al corazón del asunto: es un convenio con una tiranía que se acaba, olímpicamente, de robar ante los ojos del mundo las elecciones que convocó para darse otro aire y extender su mandato. Sin que hubiese mostrado las actas, como el mismo Petro lo solicitó, el gobierno -pero no el pueblo de Colombia- de manera inexplicable e injustificable se asocia con el dictador.

Luego de negar, por parte del ministro del Interior de Colombia y demás altos funcionarios, que se incluía en el convenio un componente militar, al final de la semana pasada ordenaron movilización de tropas y no pudieron ocultar por más tiempo que de eso de trata: de crear una plataforma de reconfiguración del poder, donde se combinan elementos de guerra, integración territorial, legitimación internacional y manipulación constitucional. El manejo de los tiempos —crisis, conmoción, reforma— es crucial. Mediante esa estrategia se buscan múltiples objetivos, pero el más importante sin duda es perpetuarse en el poder. La dictadura venezolana es experta en ello: en 1999, Chávez convocó una Constituyente tras una crisis institucional, reconfigurando el sistema político. Maduro ha utilizado –uno tras otro- estados de excepción continuos, invocando “guerra económica” y amenazas externas, para gobernar por decreto y posponer elecciones o manipular sus condiciones. Llevan en eso 25 años. ¿Es eso lo que proponen para Colombia con tanto cuidado, sigilo y ocultamiento?

Ante la movilización de tropas por parte de Estados Unidos, en el corto plazo el acuerdo funciona como un salvavidas, pero sus pretensiones van más allá. Maduro busca blindarse frente a la justicia norteamericana y convertir la zona binacional en un espacio de influencia compartida. Para Colombia, la hermandad con el pueblo venezolano se convierte en complicidad con una dictadura que opera bajo lógicas de poder militar y criminal. El asunto no se refiere a la cooperación entre dos pueblos que son uno. El asunto es quién la controla, con qué fines y bajo qué principios. ¿Restablecer el comercio? En 2008 fue Chávez quien lo interrumpió y cerró la frontera. En 2015 el mismo Maduro expulsó a miles de colombianos pobres y marcó sus casas para perseguirlos. ¿En verdad alguien cree que se convirtió y ahora invoca el amor fraterno? Solamente Petro y el exembajador Benedetti -el de los 15.000 millones sin explicación-, ahora ministro. ¿Serán la zona Binacional y la unidad con Maduro el punto de quiebre de nuestra democracia?

El Congreso y las cortes son los llamados por la Constitución; la historia y el pueblo de Colombia a responder la pregunta. No pueden pasar agachados. El silencio –o la postergación- son sinónimos de complicidad.

@herejesyluis