Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El final de cualquier guerra debe celebrarse, pero, contrario a lo que se afirma generalmente, el retiro de Afganistán no se trató del final del último y más largo conflicto estadounidense. Las guerras contra el COVID-19 y contra las drogas ilegales siguen vigentes. Han producido más muertos que todas las confrontaciones bélicas de ese país y para superarlas necesitará el apoyo de la comunidad internacional —hoy dividida en aspectos esenciales— e indispensables consensos de política interna.
El retiro de tropas estaba anunciado desde la administración Trump, respaldado en su momento por la opinión de su país, como pudimos constatar en todo tipo de encuestas. Es difícil establecer si el terrorismo hoy es una amenaza peor que la de los talibanes hace 20 años, ahora que parecen comprometidos a respetar un mínimo de derechos humanos, si ello es posible. Sabemos, sin embargo, que la prolongada retaliación estadounidense no logró contener la amenaza global del terrorismo, la cual sigue vigente. ¿Perdieron esa guerra? Se trató de una decisión acordada entre las partes, un acuerdo que reclamará apoyos financieros por parte de Estados Unidos, si se cumple.
Las palabras del presidente Biden al explicar la decisión, una responsabilidad de Estado y no solo de su gobierno, implican la protocolización de una manera de actuar, un principio de política exterior al no intervenir en asuntos internos de otras naciones, “salvo que se encuentren en juego sus propios intereses”. Al afirmar que “la decisión sobre Afganistán significa también el fin de una era de grandes operaciones militares para reconstruir otros países”, despeja muchos interrogantes y reconoce, de hecho, la existencia de un orden multipolar en el que China y también Rusia son actores importantes.
Su determinación ha estado seguida del natural ejercicio de sectores de la oposición republicana en su propio país, que ha aprovechado la situación y provocado un revés, el primer giro en las encuestas, llegando a plantear la posibilidad de un juicio político por cumplir los compromisos de su antecesor. En realidad, se trató de una medida de alguna manera consensuada, proyectada por un gobierno republicano y ejecutada por uno demócrata, una disposición de Estado.
Lamentablemente la guerra contra el COVID-19 no ha contado desde sus orígenes con ese indispensable consenso político a un altísimo costo, pudiéndose afirmar que gran parte de la responsabilidad en la extensión de la pandemia ha tenido que ver con el negacionismo y la indecisión de la administración republicana. Pese a la evidencia científica, en Estados Unidos aún es una consigna partidista que invoca libertades para poner en duda la necesidad del uso de mascarillas o la conveniencia de la vacunación, con lamentables consecuencias. La guerra puede dilatarse si no se impone una política de Estado y las organizaciones multilaterales continúan sin funcionar, como en este caso en que la OMS tardó demasiado en reaccionar y el mecanismo COVAX es, claramente, un fracaso.
Algo parecido ocurre con la decepción del prohibicionismo en la lucha contra las drogas ilegales, una guerra iniciada por la administración Nixon que ya completa 50 años, mucho más larga que la intervención en Afganistán, mucho más costosa y con muchas más víctimas, pese a la fracasada experiencia en la anterior guerra contra el alcohol. A los consumidores en el mundo, que no han cambiado sus hábitos pese a la prohibición, no les ayuda; tampoco, a los millones de desplazados y muertos que produce en Colombia y otros países la violencia asociada. Pero en esta guerra no todos son perdedores: en la práctica el mercado funciona. Sin cumplir sus objetivos, en la dolorosa realidad, la guerra contra las drogas mantiene el nivel de prohibición necesario para que un gran negocio se mantenga. ¿Son esas drogas ilegales porque son malas o son peores porque son ilegales?
En Estados Unidos y el mundo, a fuerza de la razón, se abre lentamente el camino hacia la legalización, de la misma manera que cada vez más reconocemos que la guerra contra el COVID-19 exige una mínima coordinación multilateral, circunstancias indispensables para comprender que problemas globales requieren soluciones globales. Sin ellas tendremos la peor de las guerras, cualquiera entre seres humanos, para siempre.
