Lo ocurrido con El Campín no confirma el fracaso de las alianzas público-privadas (APP), sino las consecuencias de una mala gestión que no comprendió las diferencias entre el interés público y el privado, ni las responsabilidades que implica administrar un patrimonio de la ciudad. El responsable de esta situación —y quienes, desde el Distrito, tenían el deber de prevenirla— no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades. Si los gerentes -incluyendo el IDRD- no están en capacidad de corregir el rumbo con una solución factible a un problema creado por ellos mismos, deben dar un paso al costado.
Los terrenos del estadio y sus alrededores, donde funcionaban el club de tenis, el Palacio del Colesterol y el Campincito, parecen hoy tierra de nadie. Los centenarios eucaliptos que nos cobijaron con su sombra ya no están. Tampoco las canchas de tenis que hicieron parte de la memoria de varias generaciones de bogotanos. Para quienes crecimos en el vecindario allí transcurrieron nuestros juegos de niños y quedaron recuerdos irremplazables. Hoy, aparte de un estadio inutilizado, se observa un territorio desolado, en abierto contraste con los renders y las piezas publicitarias que nos invitaron a imaginar que una transformación para mejorar era posible.
La administración pública del estadio tuvo históricamente problemas y altibajos, pero no habíamos llegado a una situación en que en un escenario construido para jugar fútbol este no se pueda practicar. El argumento para vincular al sector privado era y sigue siendo razonable: atraer recursos para modernizar la infraestructura, mejorar su mantenimiento y, sobre todo, optimizar la administración de un bien de enorme importancia para Bogotá.
En diferentes lugares del mundo, la tecnología, los sistemas de protección del terreno y una programación rigurosa hacen compatibles fútbol y conciertos. Si esos recursos existen y son viables, corresponde al concesionario incorporarlos y utilizarlos adecuadamente. Si las condiciones técnicas del escenario no lo permiten, el problema debe resolverse con soluciones de fondo, en cambio de trasladar costos y riesgos a los equipos, a los aficionados y a la ciudad.
Lo que resulta más difícil de remediar es la visión cortoplacista —o, más bien, la miopía— de una gerencia que parece haber privilegiado la multiplicación de los conciertos y sus ingresos sin ponderar la naturaleza, la importancia y las exigencias del escenario bajo su responsabilidad. Tampoco es posible exonerar al Distrito. El Campín ha sido concesionado, pero no vendido. El IDRD debe ejercer funciones de seguimiento, supervisión y control.
Esa miopía puede limitar la visión de un mal administrador, pero no la de una empresa ni la de una ciudad. En los terrenos destinados al proyecto no solo es posible imaginar una infraestructura más moderna: también es necesario preguntarse si la solución adoptada responde a las necesidades de Bogotá. Allí han convivido por décadas El Campín y el Campincito, este último con sus graderías de césped. ¿Por qué no estudiar, con rigor técnico y financiero, la posibilidad de conservar y actualizar El Campín y construir, donde está el Campincito, otro escenario destinado a conciertos y grandes espectáculos? ¿Por qué no considerar dos estadios, si esa alternativa resulta viable, en lugar de someter actividades distintas a una convivencia que la gestión actual no ha conseguido resolver?
Con el regreso del fútbol a las “patadas” no se soluciona el problema. Es necesario establecer responsabilidades y verificar si se han cumplido las obligaciones contractuales. La gerencia del concesionario ya probó su incapacidad para garantizar la operación adecuada del escenario. El Distrito, por su parte debe ejercer la vigilancia que le corresponde y demostrar que el interés colectivo está por encima de cualquier conveniencia particular.