Colombia discute sobre cómo financiar a un Estado que gasta más de lo que puede pagar. Pero no se trata de una paradoja. Corrupción y deficiencia en la gestión son en buena medida responsables del déficit fiscal.
Mientras buscamos nuevos ingresos y se anuncian ajustes para enfrentar un enorme déficit, las denuncias sobre lo ocurrido en Ecopetrol; las de la Contraloría, sobre los excesos en las últimas semanas del gobierno anterior, que se suman a la UNGRD, y a la intervención de la familia presidencial en varias de ellas, hacen pensar que, detrás de la mampara de las diferencias ideológicas, la corrupción se convirtió en una política pública, una de las pocas exitosas, del gobierno anterior. Una corrupción que no comenzó con Petro, pero adquirió en su gobierno dimensiones, esas sí, intergalácticas que deben investigarse y sancionarse.
Tenemos noticias de este lastre, prácticamente, desde siempre. Estudios como el de la Universidad de Vanderbilt han ubicado la percepción de corrupción en Colombia por encima del 80% en un largo periodo de tiempo, alcanzando en algunos años el nivel más alto entre todos los países de América. La Universidad Externado de Colombia, utilizando datos de centenares de empresas, pudo establecer que para los mismos empresarios resulta difícil realizar negocios con el Estado sin pagar por lo que, prácticamente, el soborno se ha institucionalizado
Los hechos conocidos sobre lo ocurrido en Ecopetrol cambian la dimensión y alcance del problema. Las afirmaciones de Luis Felipe Henao, miembro de la junta anterior y de la nueva, según las cuales “No se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo” nos llevan a preguntarnos qué ocurrió con los controles que debían impedir que una empresa de esa magnitud pudiera, literalmente, corroerse. La manera como se eligió su presidente, el doctor Roa por parte de Petro, guarda un hilo conductor con la violación de topes de la campaña que dirigió y los permanentes escándalos asociados a su liderazgo. Nadie debe estar sorprendido con lo denunciado por Henao.
Al doctor Henao toca decirle que el problema no termina con una nueva administración. No termina cuando aparece el escándalo. Terminará cuando aparezcan los responsables, se dicten las sentencias correspondientes y el Estado recupere los recursos.
El resto es puro cuento.
No queremos más investigaciones que ocupan durante semanas las primeras páginas y después desaparecen de la agenda pública.
Tampoco se trata de un problema “ideológico” ni de la “polarización, En el desgobierno de Petro la corrupción en UNGRD llegó al alto Gobierno y al Congreso. No se nos puede olvidar que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra prófugo luego de los testimonios de sus mismos compañeros de gobierno, comprometiendo a los entonces presidentes de cámara y senado. Transparencia por Colombia, en su momento, señaló que los testimonios obtenidos mediante principios de oportunidad involucraron a decenas altos funcionarios y congresistas y describieron sobornos, direccionamiento de contratos y financiación ilegal de campañas. La cifra se quedó corta, pero a los grandes responsables sigue sin pasarles nada y los billones perdidos no se han recuperado.
No se trata de ningún retrovisor. La justicia debe poner en su sitio a los responsables. Durante la “administración” Petro se produjeron varios de los más graves casos de corrupción de que tengamos memoria en una Colombia que continúa pidiendo préstamos para pagar las deudas de la corrupción.