El efecto COVID-19 —la manera como son impactados los mercados, la economía y los sucesos políticos a medida que ocurren mutaciones drásticas del virus— tendrá consecuencias en las elecciones de 2022. Encuestas recientes, como la de Invamer, les pasan ya cuenta de cobro a actitudes ambiguas sobre el tema a candidatos.
Mientras el mundo se prepara, con inmensos recursos, refuerzos de las vacunas y la política apuntando en todos los frentes a consolidar la recuperación de salud pública y economía, en Colombia no puede pasar, como si nada ocurriera, inadvertida en el debate presidencial la amenaza más preocupante: la atención y eventual extensión de la pandemia, a tal punto de no merecer una respuesta sólida de los precandidatos, obnubilados con ganar las elecciones.
Un escenario para considerar, la pérdida del control sobre la pandemia logrado con las vacunas por la aparición de nuevas versiones del virus no aparece con fuerza en los programas de gobierno mientras a nivel científico muchos interrogantes, como la duración de la inmunidad, no han sido despejados. La incertidumbre se ha notado en los últimos días en el fortalecimiento del dólar y los vaivenes en el mercado y precio del petróleo, pero conocemos que sus consecuencias pueden empeorar un escenario maluco como el que padecemos desde 2020.
La aparición y extensión de la variante delta ha hecho retroceder las políticas de apertura en Europa y Estados Unidos. Hemos identificado su presencia en Colombia pudiéndose estimar, de acuerdo con expertos, un nuevo pico. Sus características impresionan: de acuerdo con el viceministro de Salud: “Se estima que la variante original de COVID-19 tiene capacidad de contagiar a 2,2 personas; alfa y gamma, entre 4 y 5 personas, pero delta puede infectar a 8 o más”, añadiendo que “en octubre ya podría ser la variante dominante” en nuestro país. Imaginemos los daños que puede ocasionar en la economía y los empleos en plenas elecciones.
La relación entre COVID-19 y política es estrecha desde su aparición. Su carácter determinante en el resultado de las elecciones en Estados Unidos lo ilustra con suficiencia pudiéndose afirmar que Trump perdió por su actitud errática al enfrentar el COVID-19, mientras su sucesor ganó con la bandera de declararle la guerra. La gestión de la pandemia ha sido, es y será determinante en un mundo en el que han cambiado las reglas del juego en todas las esferas, pero en Colombia parece extrañamente ajena al desarrollo de la actividad política.
Hasta ahora la campaña se centra en ocupar espacios partiendo de la categorización habitual en una dimensión izquierda-centro-derecha. Con un sistema electoral de mayoría absoluta o doble vuelta es fácil confundir competencia política con polarización, como lo hacen algunos candidatos. Nuestros líderes políticos parecen ocupados en ganar espacios en ese supuesto espectro electoral en el que, de acuerdo con la encuesta de cultura política del DANE —una sólida herramienta para el análisis—, un 11,7% se define como de izquierda, un 26,7% de derecha y un 39,6% de centro.
Si en política y elecciones aplicara la ley de la adición, el asunto sería muy sencillo, pero, sabemos, ello no ocurre. La competencia electoral se refiere a mensajes, características y percepción de candidatos, etc., todo ello influenciado por las circunstancias, en este caso la pandemia y sus efectos. Algunos precandidatos, con posiciones ambiguas frente a las vacunas y la salud pública, ya empezaron a retroceder en las encuestas.
En nuestro país desaparecieron cientos de miles de empleos y millones de ciudadanos han sido empujados a la pobreza. Debimos endeudarnos a los niveles más altos de la historia, pero la mayoría de los precandidatos no han cambiado su discurso. No es el mismo país de 2018, pero los polos parecen inmutables ante las transformaciones de la realidad. Necesitamos expertos en gestionar una situación de crisis y no ángeles o demonios, elevados egos, con pretensiones de ganar las elecciones a cualquier costo.
