El presidente debe asumir su responsabilidad política. Mientras el país espera una pronta respuesta de la justicia sobre un nuevo episodio que compromete al alto gobierno, no cabe esperar grandes cambios en el comportamiento del Congreso como consecuencia del que puede ser el más grave caso de corrupción de los últimos años. Tampoco en una opinión en la que sectores independientes que votaron por Petro ya estaban suficientemente desencantados.
¿Gestión parlamentaria o compra de apoyos al Congreso? No deben confundirse las naturales gestiones de los congresistas con lo sucedido. Menos la actuación de altos funcionarios del gobierno en una entidad en que no gobiernan las reglas generales de contratación y se maneja discrecionalmente desde el mismo palacio. Las responsabilidades deben establecerlas las cortes y la Fiscalía, pero el presidente no puede seguir eludiendo su responsabilidad política, sobre la que debería pronunciarse el mismo congreso. Estamos observando una expresión de que la constitución sigue vigente, aunque, permanentemente, desde el mismo gobierno, se trate de poner a las instituciones en entredicho.
No solo por las investigaciones que comprometen a varios de sus miembros, un balance de la legislatura pasada no deja bien parado al actual congreso. Pese a que el gobierno despidió a la coalición, renunciando a pactar acuerdos por encima de la mesa con la institucionalidad de los partidos, varias de sus reformas se aprobaron. La estrategia de negociación al detal con cada congresista le dio resultados. Estamos empezando a conocer aspectos de la metodología que logró tales éxitos.
Lo ocurrido en la esfera política, en que los congresistas fueron deliberadamente “negociados” al detal eludiendo compromisos con los partidos, predefine cualquier análisis jurídico. También explica las razones por las cuales ministros como Bonilla resultaron más convenientes que otros, no tan “fieles, “como Ocampo. Bonilla, un académico sin tanta experiencia en asuntos políticos, está conociendo el precio de su lealtad a una persona o idea, por encima del acatamiento de las normas. Como en el caso de los pasaportes, asistimos a un nuevo capítulo del pulso entre una democracia sobreviviente confrontando los caprichos del autoritarismo.
¿Tendrá efectos en la nueva legislatura el “efecto Olmedo”? Depende en gran parte de la independencia, celeridad y seriedad con que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía desarrollen su tarea y de que los medios puedan seguir ejerciendo la suya con total autonomía. En la legislatura anterior, pese a hechos muy graves como el “caso Benedetti” y otros conocidos, se aprobaron proyectos de reforma como si nada hubiese ocurrido y sin que el Consejo Nacional Electoral, más de dos años después de sucedidos los hechos puestos en conocimiento por el mismo Benedetti, se hubiese pronunciado.
Mientras el gobierno ingresa a su tercero de cuatro periodos legislativos los congresistas empiezan a ocuparse de su futuro electoral. El gobierno tratará de mantener o ampliar su piso político y oxigenarse con el discurso de la paz inconclusa, para que la coalición que ganó en 2022 se extienda otro periodo, en cabeza de Petro, si ello es posible, o de un tercero. ¿Ejercerá un congreso presionado por la opinión democrática, de una parte, y el “poder constituyente, de otra, el control político necesario para hacer respetar la Constitución, el cronograma electoral y los intentos -mediante Fast Track u otros recursos- de eventuales leyes habilitantes?
A nivel de la política real un gobierno con el sol a sus espaldas aún tiene instrumentos de negociación. Cargos decisivos en el gobierno se encuentran en manos de leales amigos del presidente, lo que puede servir a uno de dos fines o a los dos: 1) intercambiar asientos en el gabinete por nuevos apoyos políticos, y 2) fortalecer el “proceso constituyente”, una nueva denominación para insurrección o revuelta, como realidad o como intimidante instrumento de presión.
