Un gobierno que termina su periodo, sin más que los mismos discursos y promesas diferidas para mostrar, utiliza el chantaje institucional para evadir el inevitable juicio de la ciudadanía, las próximas elecciones y la historia. No se ha preocupado por la salud de los colombianos, cada vez más deteriorada. Tampoco por la de las finanzas públicas. Decretos sin consenso que coinciden con propuestas imposibles de reforma son, en realidad, una maniobra política para responsabilizar el Congreso o a las cortes de su propia incapacidad. Luego reasumirá el papel de víctima que tanto le gusta, estructurando una nueva narrativa electoral.
Es equivocado pensar que la persistencia del gobierno al presentar sucesivamente presupuestos desfinanciados obedece a un problema técnico o un exceso de optimismo, como le ocurrió cuando calculó mal recaudos excepcionales. La utilización de la cláusula de escape y el aumento de gastos son consistentes con su estrategia. ¿Para qué hacer buenos gobiernos si siempre se puede responsabilizar a otros? Cualquier intento de aplicar las normas de contabilidad resulta obsoleto ante su inmensa capacidad de inventar narrativas, creando en la mente de sus seguidores una realidad novelada siempre diferente a la que muestran las cifras.
Presentar presupuestos desfinanciados es una forma de presionar o chantajear al Congreso para la aprobación de una nueva reforma tributaria. Con su estrategia, desde 2023 ha logrado incrementar en un 38 % su capacidad de gasto pero no su capacidad de ejecución. En el presupuesto de 2026 se trata de 26,3 billones que a la hora de las sumas y las restas pueden ser 50. ¿Para que necesitará tantos recursos en su año de despedida si en 2024 se quedaron sin ejecutar alrededor de 100 billones? Su objetivo es responsabilizar al Congreso y a las cortes de lo que no ha logrado.
La misma estrategia es utilizada en el caso de la reforma a la salud. El sistema ha sido -deliberadamente- casi destruido para justificar y convertir en bandera política la necesidad de su sustitución la que, “ahora sí”, se logrará si sus amigos resultan elegidos en 2026. Resulta innegable que las EPS han sido sometidas a un largo periodo de asfixia presupuestal que ni siquiera las decisiones de la Corte Constitucional han logrado detener. Se ha saboteado el sistema para mostrar su ineficacia y responsabilizar de su colapso a los opositores de sus “reformas”. Se trata de una lógica perversa: destruir para imponer responsabilizando a otros.
Simultáneamente con la expedición del decreto para reformar la salud y la nueva costumbre de expedir, también por decreto, el presupuesto, el ministro del Interior -el de los 15.000 millones- ha tenido la desfachatez de afirmar que el gobierno no quiere imponer si no concertar. ¿Será que se lo cree?
El gobierno saliente, que desde muy temprano renunció a consensuar, ha escogido el chantaje; la intimidación; la amenaza y la confrontación como método. Ante tal arremetida las instituciones deben ejercer sus funciones constitucionales y responder con equilibrio y firmeza. Al congreso corresponde reafirmar su autonomía y a las cortes su capacidad de ejercer control. A los ciudadanos nos corresponde demostrar en las próximas elecciones que no todos los desastres son inevitables.
