El Gobierno y Colombia, en interinidad

Mientras la crisis no se tramite adecuadamente, el Gobierno no ejercerá sus funciones como corresponde en un país que lo necesita. El presidente no puede y no debe seguir omitiendo o dilatando la gravedad, el alcance ni el origen del cuestionamiento a la legitimidad de su elección para ganar tiempo mediante argucias. Tampoco pueden hacerlo los medios, el Congreso o la justicia. Sin embargo, a nadie conviene acabarnos de incendiar en un acto de piromanía y no de liderazgo como la situación reclama.

En el mismo momento en que el presidente ofrecía su renuncia si resultaban ciertos los hechos denunciados por su hijo y anteriormente por su exembajador, no por la oposición, la Fiscalía presentaba pruebas que involucran a su entorno familiar más cercano e importantes miembros de su equipo de gobierno. Su ofrecimiento, desde ese punto de vista, resulta extemporáneo, como lo son ahora las advertencias de Armando Benedetti. En el fondo, es un reconocimiento tácito de que hasta que la justicia y las instituciones se pronuncien —lo que, como conocemos, se podría dilatar—, su Gobierno y Colombia quedan al garete, en interinidad.

Mientras tanto, a los demás nos corresponde hacer todo lo posible para que el país no se acabe de descuadernar. Pese al ofrecimiento del presidente, el Congreso debe ejercer y tramitar el respectivo control político —se ha cuestionado ni más ni menos que la legitimidad de la elección presidencial— y el Consejo Nacional Electoral oficiosamente debe actuar en cuanto a la violación de topes, una figura que no existía en anteriores elecciones presidenciales cuestionadas, lo que no admite su comparación.

La pregunta obligada no se refiere a si Petro se cae, como intentan responder opinadores y malos políticos bajo el sesgo de sus propias pasiones e intereses, al hacer cálculos y comparaciones a conveniencia con episodios de nuestro pasado que han involucrado financiación ilegal de elecciones. La pregunta que debemos hacernos y responder con serenidad se refiere a las maneras en que debemos gestionar una crisis sin terminar de autodestruirnos, pero sin dilatarla mediante argucias jurídicas en las que lamentablemente somos expertos. Necesitamos consensos mínimos sobre objetivos comunes como la gobernabilidad de la Constitución y no de las personas, el desempeño de la economía, la recuperación de la seguridad, la convivencia y unas reformas indispensables que ahora el Gobierno está ética, moral e incluso políticamente inhabilitado para tramitar.

Resulta complicado proponer acuerdos nacionales mientras el Gobierno —llamado a promoverlos— y el país afrontan una crisis de semejante magnitud. Más si se considera que, advertido del escenario que venía, intentó restringir los contrapesos al desvirtuar la gestión de la Fiscalía adelantando la terna para la próxima fiscal y desde hace meses alertó a la Corte Suprema para que de manera expedita nombrara al reemplazo de Francisco Barbosa. El presidente no era su jefe, como en algún momento proclamó: ante un escenario como el que hoy vivimos necesitaba serlo, para que no le ocurriera a su Gobierno lo sucedido a Castillo en el Perú.

Desde la óptica de la conveniencia nacional y del sistema político, diferente de las solidaridades partidistas o los intereses personales, la desvinculación o ruptura del Legislativo y el Ejecutivo que observamos ahora, por primera vez en décadas, no puede considerarse desafortunada. Ante esa realidad cabe encontrar una salida institucional que no puede ser otra que un acuerdo entre nuestras instituciones y dirigencia. La dificultad de conseguirlo confirma su extrema necesidad. Es cuestión de supervivencia.

@herejesyluis