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Una nota del New York Times la semana anterior (ver aquí) incurre en una grave distorsión al afirmar que “Colombia fue un aliado clave de Estados Unidos en Latinoamérica hasta que el gobierno de Trump inició ataques mortales en aguas internacionales”. Esta afirmación, además de sensacionalista, ignora hechos verificables, tergiversa el contexto geopolítico y favorece narrativas que, en la superficie opuestas a la extrema derecha estadounidense, benefician a la dictadura de Nicolas Maduro a expensas de la realidad.
El deterioro de las relaciones entre el gobierno saliente de Colombia y el de Estados Unidos no puede desconocer hechos como que luego de la burla de la dictadura al acuerdo de Barbados el régimen de Maduro inhabilitó a María Corina Machado en enero de 2024, violando un acuerdo que, de hecho, era la enésima búsqueda de una salida democrática para Venezuela luego de décadas de dictadura.
Lo reafirmó al robarse las elecciones como lo pudo demostrar la oposición ante los ojos del mundo. Mientras EE. UU. desde el gobierno Biden reactivó sanciones contra el régimen, Petro guardó silencio, legitimando en la práctica el incumplimiento y desconociendo la voluntad del pueblo venezolano que, otra vez, salió masivamente a las calles siendo brutalmente reprimido. Al comienzo Petro afirmaba que el régimen debería mostrar las actas, una exigencia que ahora ha olvidado o recuerda a conveniencia. Evitó condenar el hecho, lo que hicieron la mayoría de gobiernos democráticos y organismos internacionales como la CIDH.
Por demás, para la inteligencia estadounidense Venezuela se ha convertido en epicentro logístico del narcotráfico regional, con rutas que cruzan el Caribe y vinculan directamente a Colombia. La solidaridad del gobierno colombiano con Caracas ha debilitado la cooperación hemisférica y ha generado tensiones con Washington, que exige resultados concretos en seguridad. Resulta imposible desconocer que, en Colombia, los cultivos ilícitos se multiplicaron mientras el gobierno Petro desmanteló la erradicación forzosa y promovió una “paz total” que ha permitido la consolidación de corredores del narcotráfico, como ocurre con el Catatumbo.
Antes del desplazamiento de los buques estadounidenses que, de acuerdo con el artículo, ha generado el distanciamiento, el gobierno Petro había sugerido que congresistas de EE. UU. estaban involucrados en un complot -uno de tantos que ha denunciado sin pruebas- para derrocarlo; se había negado a recibir a connacionales deportados; había puesto en entredicho el TLC con Estados Unidos y fortalecido vínculos con los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán. En resumidas cuentas, la nota del New York Times omite factores estructurales y políticos decisivos y la postura sistemáticamente hostil del gobierno Petro hacia Washington. En realidad, Petro ha estado buscando convertirse en contradictor de Trump sin que pueda quejarse de lo logrado.
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial, inversionista y cooperante de Colombia. Lo que se ha deteriorado no es la relación bilateral, sino la voluntad del actual gobierno colombiano de sostenerla. No puede entenderse como el deterioro de la histórica relación entre Estados Unidos y Colombia. No compromete a la mayoría de la población, al Congreso ni a nuestro sistema judicial. Petro ha preferido la retórica a la cooperación estratégica, y eso ha tenido consecuencias. El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno saliente de Colombia no ha sido bilateral sino deliberado por parte del gobierno Petro que ha buscado crear un enemigo externo ante su debilidad política y la inminencia de su salida y las nuevas elecciones.
Como decimos en Colombia, en todas partes se cuecen habas y al mejor panadero se le quema el pan. El NYT, decano y referente para muchos en Colombia y el mundo, con candidez e inocencia juvenil, luego de 175 años de prestigioso periodismo, también es manipulado.
