El poder y los gremios

¿Puede un Gobierno objetar legítimamente a quien un gremio privado elige para representarlo? No parece el caso de doña Carolina Soto. Se trató, más bien, de una decisión conveniente para el gremio. ¿Tenía razones la Cámara Colombiana de Infraestructura para nombrar en su presidencia a alguien cercano al Gobierno?

Luego de las despachadas que hemos observado condenando el desnombramiento de doña Carolina, atribuyéndolas a una supuesta intervención del Gobierno en razón del pasado petrista de su esposo, llegando hasta la estupidez de afirmar que la nueva administración quiere controlar los gremios, vale la pena considerar aspectos más objetivos, como que estas organizaciones son, en realidad, grupos legítimos de interés y les conviene mantener niveles óptimos de interlocución con quien esté en la Casa de Nariño. No existe sincronía entre cambios de gobierno y cambios en la dirección de los gremios.

Y un ejemplo notorio de ello fue lo ocurrido entre una mayoría de gremios y el Gobierno anterior que, por principio y apenas llegado, les mostró los dientes creyendo que se trataba de su obligación ideológica. Su autoritarismo y ordinariez fue tan evidente que provocó la precaución y rechazo de dirigentes gremiales quienes, por naturaleza, han sido buenos relacionistas y negociadores. En algunos casos la reacción se mantuvo hasta el final del periodo de gobierno, sin que ello les hubiera significado renunciar a su cargo, confirmando que, como regla, los gobiernos no designan a los líderes gremiales, pero tampoco les son indiferentes a sus asociados a quienes conviene mantener una relación fluida. En las democracias maduras, los grupos empresariales establecen interlocución con gobiernos de diferente color político porque las administraciones cambian, pero los intereses de sus afiliados permanecen.

El desgobierno de Gustavo Petro nos mostró las consecuencias de asimilar la crítica gremial con la oposición política. Su confrontación con sectores empresariales terminó deteriorando la confianza y haciendo más difícil la construcción de acuerdos. Un gobierno enfrentado permanentemente con quienes representan sectores económicos importantes termina reduciendo su propia capacidad. En consecuencia, ninguna administración debe cometer el error inverso al pensar que gobernar consiste en rodearse de gremios políticamente afines.

Más que subordinados a los gobiernos, conviene regularizar a los gremios como interlocutores y asesores. En el caso de la infraestructura, se trata de una relación vital. Buena parte de la infraestructura de vivienda, educativa y de salud se debe, con urgencia, restablecer en todo el occidente. En relación a asuntos como costos, capacidad empresarial, riesgos, percepción de la inversión, problemas de contratación, localización y financiación, un gobierno recién llegado debe encontrar en los gremios un socio y no un contradictor.

Por su parte, a los gremios les conviene tener una clara dimensión de sus capacidades e intereses. Quien gobierna es el gobierno y el alcance político del gremio se refiere a su capacidad de influir sin pretender que por afinidad sus propuestas se conviertan automáticamente en políticas públicas. Un gremio que no sabe relacionarse con quien gobierna puede terminar representando muy bien sus convicciones, pero muy mal los intereses de sus afiliados.

Los gremios no necesitan presidentes amigos del Gobierno. Necesitan presidentes capaces de hablar con él. Y el Gobierno no necesita gremios subordinados. Necesita gremios con los que pueda dialogar y construir. Por demás, en este caso, se trata de infraestructura.

@herejesyluis