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Petro fue descertificado, pero Colombia no. Sucedió desde Washington, pero él -quien frecuentemente afirma que el gobierno le aburre- se aferra al poder en Bogotá. Le quedan pocos meses en la Casa de Nariño, pero actúa como si el país se lo hubiesen escriturado a perpetuidad. Como si lo hubiesen nombrado con poderes absolutos para siempre. La descertificación es una señal diplomática de aislamiento, una advertencia geopolítica; una decisión también política, pero no menos real y con consecuencias. Mientras él anuncia que espera a Trump, la diplomacia norteamericana y las leyes colombianas lo esperan en su inminente salida. Aunque lo trate de minimizar ha recibido un golpe diplomático que señala el epílogo de su gobierno y puede convertirse -en el mediano plazo- en su epitafio político; el punto final de una narrativa sobre el poder.
Mientras el Senado colombiano condena al Cartel de los Soles y el Congreso y la mayoría de los partidos toman distancia de sus pactos, el presidente se alinea con Maduro en la creación de una “zona binacional” que, lejos de ser un espacio de integración, es observada por Estados Unidos como un corredor estratégico para el tráfico de drogas. Simultáneamente su política antidrogas se deshace en contradicciones: hace diez días anunciaba el regreso del glifosato y ahora suspende la erradicación forzada. Así como dice una cosa hace otra. ¿En cuál Petro confiarán sus seguidores?
Pero lo más grave no es la incoherencia: es el intento de hipotecar el país más allá de su mandato constitucional. La propuesta de una constituyente en 2026, lanzada en medio de su agonía política, no busca reformar el Estado sino cambiar las reglas del juego y perpetuar su narrativa consiguiendo mayorías parlamentarias en marzo, su última carta. Un plan de refundación institucional como legado forzado de un gobierno en retirada. Un presidente al que le quedan meses no puede empeñar al país de por vida, como lo hace al expedir sus presupuestos desfinanciados por decreto. Sabe que, para él -y para Iván Cepeda, su candidato “in pectore”-, todas las “vueltas” electorales serán en las elecciones de marzo. Si en ellas sus amigos consiguen mayorías, cambiará la Constitución para quedarse.
La descertificación es el ejercicio de un derecho soberano por parte de Estados Unidos ante el inocultable incumplimiento en la lucha contra el narcotráfico. Para los colombianos que hemos visto crecer el poder de los grupos criminales y la influencia del dictador Maduro en el gobierno de Petro, es un recordatorio sobre el deterioro institucional, la opacidad contable, la erosión de la cooperación internacional y el desprecio por los contrapesos democráticos.
Presidente Petro: Colombia le espera el próximo 7 de agosto para que rinda cuentas. Porque –a diferencia de Venezuela- todavía es una democracia. No es propiedad de ningún presidente, y mucho menos de uno que ha confundido la autoridad con el abuso; la oratoria con la verborrea desaforada; la política con la manipulación de sentimientos y emociones de sus incautos seguidores; el incremento del narcotráfico y la violencia con una supuesta “Paz Total”, y el mandato constitucional por cuatro años con una coronación vitalicia.
