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Los resultados de la primera vuelta han confirmado la radicalización del debate, el deterioro institucional y la “normalización” de la confrontación irracional que han derivado en la desaparición, esperamos temporal, del centro político. Tendremos que elegir entre dos proyectos puramente emocionales fundamentados en la manipulación de sentimientos, venganzas y revanchas. La moderación y la negociación política, características de la democracia, perdieron en una elección que deja en entredicho a la constitución convertida en símbolo de visiones opuestas sobre el Estado, el poder y las instituciones. La segunda vuelta no se definirá entre Cepeda y De la Espriella. Será entre quienes consideran que debe ser defendida y quienes quieren cambiarla para “refundar” a Colombia e instalar un régimen autoritario.
Para Petro, y para su adlátere Cepeda, una profundización del cambio, en teoría, implicaría una redefinición del modelo económico. Una reconfiguración de las relaciones entre Estado, mercado y ciudadanía. La Constitución del 91 les resulta incómoda en cuanto se trata no solo de llegar al gobierno, sino de disponer del poder absoluto. Por ello Petro la confrontó durante todo su periodo de gobierno. Como consecuencia, Colombia se encuentra dividida a niveles que no se observaban desde los tiempos de la violencia partidista. Se ha desplazado el centro político hacia la derecha. El uribismo oficialista, representado por Paloma Valencia, también perdió la elección contra una derecha más radical convirtiéndose en el centro del espectro por fuerza de gravedad.
El presidente ha “corrido” todos los límites. Ha intentado arrinconar a las cortes; a los medios, a la organización electoral y a quien se le oponga con el pretexto de ampliar los derechos sociales del pueblo a quien cree representar mientras, en realidad, su periodo se termina. ¿Entenderá que en 2022 no fue nombrado para siempre? Sabe que a Cepeda, la esperanza de extender su mandato, no le alcanza para ganar en segunda vuelta. Por ello se ha visto en la necesidad de correr otro límite al hacerse cargo de la campaña en la costa y en todas partes a través de la publicidad gubernamental.
Los resultados electorales auguran una reedición de la segunda vuelta de 2022 con dos diferencias importantes. La primera se refiere a hechos muy graves –como en el caso de los pasaportes o la UNGRD– de un gobierno populista que apostó duro en su final ante la reacción de las instituciones que le asustan. El incremento irracional e insostenible del mínimo –la dialéctica de la nevera– hace parte de ese libreto, pero también el caos fiscal, la postración del sistema de salud y la violación de toda clase de normas por parte de sus miembros a quienes, como han reconocido atemorizados, se los lleva el “patas” si no reeligen a Petro a través de Cepeda.
Ello nos lleva a la segunda: el cambio de la Constitución y el agotamiento de todas las formas de lucha como pretexto político. Para lograrlo, la utilización del gasto público y la publicidad de las entidades oficiales en los días previos a la elección son formas inadmisibles de intervención por parte de quien debe ser garante, como ha señalado el Consejo de Estado. El gobierno, temeroso de lo que puede venir como consecuencia natural de la alternancia puso contra la pared a la organización electoral con el cuento del software mientras, en realidad, ha puesto a disposición de la candidatura de sus preferencias todas sus capacidades. Desde oferta de laboratorios inexistentes, como ocurrió en Ciudad Bolívar, hasta la extensión de unos supuestos diálogos de paz que hace rato fracasaron, pero subsisten como amenaza velada para la democracia.
Tendremos en segunda vuelta un voto más motivado por el miedo que por la esperanza. La extensión en la práctica de su periodo, con una victoria de Cepeda no puede llevar al presidente a violar los límites que le quedan a nuestra democracia. Las instituciones tampoco pueden permitirlo. Ese parece ser el principal desafío de los colombianos durante las próximas semanas.
