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En ausencia de una insurrección popular –en el origen de las revoluciones rusa y francesa que derrocaron monarquías y no regímenes democráticos, como es nuestro caso- estamos asistiendo al deterioro de las instituciones mediante la acción o inacción deliberadas de un gobierno que recibió el mandato de protegerlas. A los shu, shu, shu de la salud y los pasaportes se adiciona ahora el de la organización electoral que garantizó la elección del actual gobierno.
Como en el caso de los pasaportes y las elecciones, nuestro sistema de salud funcionaba. Luego de tres años de recibir golpes y con la mayor parte administrada por el gobierno, podemos medir algunas consecuencias. El reciente informe de la Contraloría General de la República -superando versiones interesadas o politizadas- permite aproximarnos a un balance.
Sus principales hallazgos son:
1) La falacia de la intervención del Estado: el 56,6 % de los colombianos están afiliados a EPS intervenidas. No hay en esta cifra un signo de control eficaz; hay una tragedia administrativa de proporciones nacionales. Se suponía que estas intervenciones garantizarían estabilidad, eficiencia y atención oportuna. Lo que vemos, sin embargo, es un sistema aún más desfinanciado, más endeudado, más saturado de quejas y acciones de tutela.
2) Los costos de la inercia: la demora sistemática en reconocer los ajustes solicitados por las EPS —particularmente sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC)— ha ahogado la sostenibilidad del modelo. En 2024, la siniestralidad promedio fue del 110 %. Es decir, las EPS gastaron más en servicios que lo que recibieron por cada afiliado. Y mientras el Gobierno se resiste a ajustar la tarifa, las EPS acumulan deudas con hospitales, farmacias y clínicas que ponen en riesgo la atención médica de millones.
3) La realidad supera a las cifras: en 2024 se interpusieron más de 175 mil acciones de tutela por servicios de salud que deberían estar cubiertos por el Plan de Beneficios. ¿Qué revela esto? Que el acceso efectivo a la salud no se garantiza por decreto sino por financiación real, por gestión responsable y por reglas claras.
4) Pero quizás el error más nocivo ha sido creer que estatizar o intervenir una EPS es administrarla mejor. La evidencia muestra lo contrario. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, no presentó estados financieros certificados ni dictaminados en 2023 y 2024. Su deuda con proveedores ronda los 9,2 billones de pesos. Sus indicadores de liquidez, solvencia e inversión en reservas técnicas están todos en rojo. La intervención del Estado no saneó la operación; la politizó.
5) En el colmo de la anarquía el informe denuncia que al menos dos billones de pesos fueron girados por la ADRES pero no fueron recibidos. ¿Qué se harían?
La reforma a la salud propuesta y ejecutada en la práctica por el Gobierno ha fracasado por dos razones básicas: 1)El sistema de salud funcionaba y 2) el Gobierno no tiene capital político para imponer una reforma que ahora, luego del shu, shu, shu, es indispensable.
El sistema de pasaportes, como en el caso de la salud, venía funcionado hasta que, sin mediar ningún estudio, licitación o sentencia judicial, se ha venido alterando. Luego del anuncio presidencial de desconfianza en las elecciones de 2026 queda la duda sobre si tendremos elecciones y se garantizarán los recursos para su normal desarrollo o le aplicarán el revolucionario método del shu, shu, shu.
Esperemos que logremos recuperar el sistema de salud; ejercer nuestro derecho a tener un pasaporte y el de votar en elecciones libremente, sin que le disparen a los candidatos de la oposición o a cualquier candidato.
