Los damnificados por el invierno requieren apoyo excepcional, una situación que puede ameritar la declaratoria de emergencia económica para proveer los recursos necesarios. Los antecedentes de corrupción en la UNGRD; la proximidad de elecciones; la finalización del periodo de gobierno y la politiquería, hacen necesaria transparencia excepcional, planes y proyectos estructurados, así como veeduría institucional y ciudadana en tiempo real.
La atención de la emergencia, en cualquier caso, solo será un paliativo. Los problemas de la gente; los del Estado y la incompetencia del gobierno, coparticipes de la situación, superada la emergencia seguirán intactos. Pobreza y cercanía a las fuentes hídricas; déficit fiscal y una muy débil y anárquica gestión, corroída como nunca antes por la corrupción, difícilmente mejorarán. Las emergencias son superadas, en muy buena parte, por la resiliencia de la condición humana, pero las decisiones que se toman bajo su amparo permanecen durante años en las cuentas públicas. Nadie se toma la molestia de establecer cuantas viviendas se reconstruyeron o cuántas vías se rehabilitaron. Y mucho menos cuánta confianza perdió la ciudadanía en las instituciones como consecuencia de malos manejos.
La Ley de garantías es un instrumento democrático que trata de reducir la utilización de los recursos públicos para favorecer a los candidatos de los gobiernos. En el pasado enero, inmediatamente antes de que se aplicara, se firmaron, de acuerdo a un informe de la contraloría, 521.269 contratos mediante contratación directa por valor de 32,8 billones de pesos. Más que ahorros hoy Colombia tiene deudas como nunca antes. Nuestra deuda externa pasó de 184.000 millones de dólares en 2022 a 240.000 millones en 2025, sin emergencias, pero con un enorme gasto deliberado por parte del gobierno que los colombianos deberemos pagar.
Las dificultades de la situación fiscal son conocidas lo que no ha impedido al gobierno presentar, reiteradamente, presupuestos desfinanciados generando una situación que le llevó a decretar la emergencia anterior, claramente injustificada. Las razones son diferentes, pero las consecuencias son las mismas. También la falta de previsión y la corrupción.
En términos jurídicos y políticos la declaratoria de emergencia termina de inutilizar la ley de garantías por parte de un gobierno para el que nunca ha sido importante la eficiencia en la gestión y la lucha contra la corrupción. Que ha intervenido abiertamente en política y maneja muy bien los tiempos de la politiquería. Que declara emergencias con el Congreso en receso y las cortes en vacaciones haciendo saber que buscará mayorías en el Congreso a cualquier costo. Mientras las cortes reaccionan lograrán los efectos buscados. Al fin de cuentas se trata del poder y no de la situación fiscal o las necesidades de la gente.
Un ejemplo notorio de manipulación del sistema ha sido el alza inédita, injustificada, ilegal e incomprensible del salario mínimo, un referente de nuestro ecosistema económico. Su incremento abusivo e irracional en apariencia beneficia a 2,4 millones de trabajadores, pero perjudica a todos los colombianos a través de la inflación. El gobierno conoce de sus efectos y pudo prever una decisión como la expedida por el Consejo de Estado. Ahora vendrá el recurso de la politiquería; la movilización; el sitio a las cortes y la confrontación. “Ahora empieza lo bueno”, anticipó hace unos meses el presidente cuando se declaró la inconstitucionalidad de una de sus emergencias.
Infortunadamente lo que puede ser bueno para él y sus incautos seguidores con frecuencia es nefasto para una Colombia que, desde la llegada de Petro, permanece en permanente estado de emergencia por cuenta de su confusión; improvisación y desatinos.
