El reciente llamado a consultas del embajador de Estados Unidos en Colombia no es un hecho aislado ni protocolario. Es consecuencia de una política de seguridad errática, de una diplomacia improvisada y de una administración que, en su ocaso, parece más interesada en tensar las instituciones que en gobernar con responsabilidad. La “paz total”, bandera del presidente Petro, ha devenido en caos total: cultivos de coca que alcanzan cifras récord, grupos armados empoderados y el Estado replegado.
No se trata de una crítica a la izquierda como ideología. Se trata de advertir que autoproclamarse progresista no exime a un gobierno de rendir cuentas. Como lo advertimos desde esta columna, el riesgo no era la izquierda sino el chavismo. Y hoy, con Petro en la recta final de su mandato, los paralelos con el modelo venezolano ya no son una exageración retórica, sino una posibilidad inquietante.
Romper con la tradición de cooperación con Estados Unidos —pilar de la política exterior colombiana durante décadas— no solo es un error estratégico: es una extralimitación del mandato recibido en las urnas. Petro fue elegido para gobernar cuatro años, no para rediseñar la arquitectura diplomática del país ni para poner en entredicho los compromisos internacionales que garantizan estabilidad y desarrollo.
Más preocupante aún es la tentación de utilizar el caos como coartada. La narrativa de la “falta de garantías” para las elecciones de 2026, sumada al deterioro del orden público y al empoderamiento de actores ilegales, podría ser el pretexto perfecto para alterar el calendario electoral. Ahora podría incorporar -como hizo Maduro- una supuesta “amenaza externa”. ¿Está Petro preparando el terreno para extender su mandato? No hay pruebas, pero sí señales. Y en política, las señales importan.
A estas alturas, cabe preguntarse si el presidente aún representa a sus electores o si ha decidido representarse solo a él mismo. La desconexión con las regiones, el desprecio por el Congreso y la justicia y la hostilidad hacia los medios sugieren que Petro ya no gobierna para el país sino para su relato.
En política exterior el desconcierto es total. Un día se condena a Maduro, al siguiente se le elogia. Se pide levantar sanciones mientras se cuestiona la legitimidad de elecciones vecinas. No hay coherencia, solo impulsos. Y en lo fiscal, la situación es aún más grave: el incumplimiento de la regla fiscal, la activación de la cláusula de escape y el aumento desbordado del gasto de funcionamiento comprometen la sostenibilidad del Estado y la confianza de los mercados.
La reciente oposición de Petro a Donald Trump, en clave electoral, parece más un cálculo político que una postura de Estado. Pero incluso esa jugada es riesgosa: ¿tendremos elecciones en 2026 si el país sigue deslizándose hacia la anomia? ¿Tendrán garantías en las regiones sus opositores?
Colombia no necesitaba ni necesita un redentor. Necesita un presidente que entienda que el poder no es para desafiar las reglas sino para fortalecerlas. Un estadista que entienda que gobernar no es declamar sino construir. Que el poder no se ejerce desde la indignación sino desde la responsabilidad. Y que el cambio no se impone con discursos sino con resultados. Con la pelea con Trump y Estados Unidos Petro gana terreno con sus simpatizantes más extremos, pero perjudica gravemente a Colombia. El presidente se encuentra la andadura de un camino sin retorno luego de tres años de verbo sin estado, oratoria de un fracaso anunciado. Esperemos que no arrastre con él a los colombianos.
