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El Fast Track en 2016 fue una manera de desconocer la voluntad popular expresada, entonces, en el plebiscito. Ocho años después el ejercicio quiere repetirse, a pesar de que el mismo presidente reconoce que la mitad de los colombianos -en realidad más de la mitad- votaron en contra. ¿Qué les hace pensar que un mecanismo fracasado en el pasado funcionará ahora?
Ningún procedimiento excepcional para acortar los tiempos en el Congreso puede sustituir las reglas de la democracia, la Soberanía Popular. Abrir la puerta a ese tipo de acuerdos sería sustituirla o asaltarla, como hizo el Fast Track en 2016. Además del Congreso, por supuesto, incluirá la amenaza de lo que se ha llamado el “poder constituyente” y dejaría por fuera a una mayoría de colombianos inermes que no hacen parte de él ni de las formas de organización que proponen organizaciones como el ELN, los grupos armados que se identifican como disidencias de las FARC o la versión de “pueblo” del presidente.
Lo que ocurre ahora, con la nueva propuesta de Fast Track nos recuerda la historia del juego interminable. Imaginemos un videojuego con niveles. El dueño del juego dice a los jugadores que, si alcanzan el nivel 5, obtendrán un premio. Ellos se esfuerzan y finalmente lo alcanzan, pero en lugar de otorgar el premio, el dueño introduce nuevos niveles, afirmando que ahora la verdadera recompensa está en el nivel 10. La gente sigue jugando, pero el objetivo sigue alejándose, manteniendo a todos ocupados y en control. La fábula de la zanahoria y el burro.
Nuestro juego pudo comenzar con la convocatoria al plebiscito para validar los acuerdos que el gobierno Santos perdió, pero, desconociendo su resultado, mediante el mismo mecanismo de Fast Track aprobó. Como el mismo Petro lo recordó en la ONU: “Pero el Acuerdo del 2016 —y aquí hay una discusión jurídica— no es un cambio de Constitución propiamente, aunque sí implica un acuerdo nacional. Nunca se ha producido, porque medio país votó en contra del proceso de paz”.
¿Qué le hace pensar que otro Fast Track resolverá, ahora sí, los problemas de la paz y los de su gobierno? ¿Considera que se trata, como entonces, de ponerse de acuerdo con el expresidente Uribe o el exvicepresidente Vargas Lleras, en un país y unas circunstancias diferentes? ¿Por qué no realizamos, de manera expedita, otro plebiscito?
El presidente ha afirmado en la ONU, respecto de los problemas de la paz que ahora invoca, que “si mañana la cocaína se legaliza, mañana se acaba la guerra en Colombia”. ¿Y el Fast Track de Cristo y Petro, para viabilizar los “productos del acuerdo” con las FARC, los resolverá? Como están las cosas ese silogismo ya no es verdadero. Existen actividades en la economía ilegal que generan rentas iguales o superiores a las del narcotráfico y los mismos, o superiores, niveles de violencia.
A quienes han propuesto cambiar la Constitución para resolver problemas e incorporar nuevos sectores, vale recordarles que con los acuerdos de 2016 todas las expresiones políticas en nuestro país aceptaron el pacto del 91, comenzando por el M19, uno de sus coautores. No quedó incorporada la legalización de las drogas -como algún día ocurrirá-, pero ese problema no lo resuelve ningún acuerdo nacional o Fast Track, a menos que al presidente se le ocurra formalizar su divorcio con el resto del mundo y con su realidad jurídica, económica e institucional.
Así que la propuesta de Fast Track no es más que otro señuelo. Recuerda al Petro candidato al que la organización electoral -que le otorgó la credencial de presidente -le iba a alterar los resultados electorales. Al que amenazó al país, victimizándose, que si no le aprobaban las reformas convocaría, como lo sigue haciendo después de aprobadas en gran parte, al “poder constituyente”. Ahora considera que medidas excepcionales son necesarias para cumplir los acuerdos con las FARC. Se trata de un juego interminable. También podría consultar al pueblo. ¿Por qué se empeña en seguirlo embolatando, con uno y otro pretexto, para extender su desgobierno, o el de sus correligionarios, más allá de 2026?
