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Esa ha sido la estrategia que explica la ruptura promovida por el Gobierno al “romper” con la Junta del Banco de la República. Pero no se trata de un desafío a la Junta sino a la Constitución. Al convertir la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal en un episodio más de la campaña presidencial –para convencer a sus ingenuos electores de que no lo dejan gobernar y toca elegir a su candidato– el presidente se aparta de nuevo del interés general de los colombianos que, con sus equilibrios e instituciones, garantiza la Constitución.
El ministro no ha sido uno que se destaque por sus conocimientos, pero es obediente. Para ello fue nombrado. Desde su llegada se ha constatado el relajamiento de la regla fiscal; la expansión desaforada del gasto público, sin contar con ingresos estructurales para cubrirlo, y la utilización de mecanismos como incrementar la deuda, pagando intereses exorbitantes para financiar un déficit provocado y promovido por el mismo gobierno. El aplazamiento de la regla fiscal, el aumento del gasto conociendo la caída del recaudo, la utilización desaforada de emergencias, así como el incremento deliberado de la deuda y el déficit fiscal han sido algunos de sus mandados.
El asunto es sencillo: para mantener sus niveles de gasto y la sensación ficticia de que todo marcha bien a meses de elecciones, el Gobierno ha aumentado la demanda intentando reemplazar a otros actores de la economía que se encuentran de capa caída, entre otras razones, por sus políticas equivocadas. Las cifras del DANE en su más reciente informe de empleo lo confirman: los empleos que han perdido la construcción, el transporte y la agricultura han intentado sustituirse con gasto del Gobierno. Y el exceso de gasto se paga con deuda. Sin que la mayoría de los colombianos se dé cuenta, estamos pagando, a nivel internacional, tasas de interés cercanas al 14 %. El país está más empeñado.
El exceso de gasto promueve una falsa sensación de bienestar que se pretende capitalizar en elecciones. No conforme con ello, el Gobierno utiliza la misma estrategia de desvalorizar a las instituciones ya utilizada con la Organización Electoral y un supuesto fraude; con el congreso que no le aprobaba las reformas; con las altas cortes que no le fallan todo a favor o a su acomodo. Ahora señala a la junta del Banco de la República buscando culparla de lo que pueda pasar con la economía. Se acostumbró a jugar sucio. Solo le importa ganar las presidenciales. Se encuentra desesperado.
La junta no tiene opciones diferentes a la de neutralizar el exceso de gasto del Gobierno y los efectos del incremento del mínimo subiendo las tasas de interés para cumplir su mandato constitucional de garantizar la capacidad de compra de todos y no solo de una fracción de la sociedad. Sabe que el impuesto más costoso y pérfido, casi invisible para muchos, es la inflación. Los miembros de la junta, al igual que cualquier estudiante de economía, conocen la teoría cuantitativa del dinero según la cual si permanecen constantes las demás variables –la velocidad de circulación del dinero y la producción–, un aumento de la oferta monetaria genera aumento general de precios: inflación.
Endosar la responsabilidad de los desequilibrios económicos a la junta no es más que una estrategia política que vaticinamos desde esta columna oportunamente. Se trata de construir un enemigo técnico o político para justificar errores propios y allanar su camino electoral. Pero la realidad es menos maleable que el discurso. La inflación no cede por decreto, la deuda no se paga con cuentos y los mercados no responden a consignas que repiten incautos.
