¿Gobernar o subvertir?

Se trata de un dilema típico de gobiernos débiles al terminar sus periodos, una manera de intentar aferrarse al poder. La consulta popular es una importante herramienta constitucional, pero su utilización como instrumento alternativo a la soberanía popular de carácter universal –lo que ocurre en la práctica al coincidir con el periodo electoral– es una manera de confrontar a las instituciones; al Congreso y a la rama judicial, intentando sustituirlos.

Seguramente la “revolución” es más fácil desde el despacho presidencial y con escolta oficial. Eso debieron pensar líderes democráticos antes de convertirse en dictadores, algunas veces con éxito temporal. En el vecindario, Chávez, Maduro y Ortega convocaron al “pueblo” contra el Congreso o el sistema judicial; desconocieron decisiones judiciales o legislativas; intentaron gobernar por decreto; satanizaron a los medios y a la oposición y apoyaron o hicieron la vista gorda con sectores o grupos que desafían el marco institucional. La actuación del gobierno cumple los estándares.

El editorial de El Espectador del pasado miércoles (Ver aquí) planteaba la duda de si el gobierno utiliza las consultas como método de negociación para impulsar las reformas sociales y no –como pensamos muchos– como otro insumo hacia las elecciones de 2026 o hasta que gane el gobierno. Si se revisa la historia y sus acciones no es difícil concluir que no se trata ni se ha tratado de contradicciones si no de estrategia. Una más que conocida, como lo pueden confirmar millones de exiliados venezolanos en nuestro país que ante manifestaciones como la de Barranquilla –muy bien financiada, de nuevo– nos advierten: “Eso ya lo vimos. Venimos del futuro”. Invito a los lectores a hacer el ejercicio.

Soy de quienes creen que si la consulta se realiza el gobierno la perdería, sentenciando –pero en contra como le ocurrió en las elecciones regionales– las elecciones de 2026. Será difícil aislar cualquier consulta de la corrupción rampante en los más altos niveles del gobierno, ocultar la destrucción sistemática del sistema de salud o convencer a los millones de trabajadores informales de que tendrán mejores posibilidades si los trabajos formales se sitúan por fuera de niveles de competitividad.

Ese tipo de consultas encuentra en las elecciones generales el escenario institucional para debatir diferencias. El presidente Petro debe reconocer que su gobierno se termina y comportarse como el demócrata que se presentó en 2022. Envejecer con dignidad. ¿Un presidente que se la ha pasado hablando de golpes en su contra llama a la huelga general cuando el periodo se le acaba? Se sobreestima al seguir amenazando con afirmaciones como “Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no se opondrá y los apoya. Y si me tumban por ello, estalla la revolución en Colombia”.

La única consulta política que no afectaría nuestra vida institucional, a estas alturas, es la que deben realizar los partidos para seleccionar sus candidatos. El Pacto Histórico, como ha solicitado el precandidato Gustavo Bolívar, debe realizar la suya. Allí derrotaría de lejos a los Roy, Cristo y Etc. Pero añadir otra vuelta a las presidenciales, el objetivo discreto de las consultas, podría llevarnos a pensar en hacer otra pregunta o consulta sobre si es buena o mala la corrupción de ministros y superministros, sobre si fue conveniente destruir el sistema de salud, Etc.

@herejesyluis