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La hipótesis según la cual en Colombia está sucediendo lo mismo que en Perú y se estaría intentando un “golpe blando” parece, más bien, otra cortina de humo o una excusa para que un presidente “con los pantalones bien amarrados”, como se definió, exhiba, ejerza e intimide con su autoritarismo. Tal suposición no exime al presidente de respetar la independencia del Congreso y de la Rama Judicial, y la libertad de prensa. Tampoco, de responder las graves acusaciones de Armando Benedetti.
En el mundo real los porrazos más duros que se ha dado el Gobierno, sin considerar una pobre gestión, pueden calificarse como autogolpes. El más reciente de ellos, protagonizado, ni más ni menos, por quien fuera su embajador y pieza clave de su campaña, Armando Benedetti, y por la persona de su mayor confianza, Laura Sarabia.
En apenas nueve meses Petro cambió el discurso de la unidad de la nación, con que ganó las elecciones, por el de la exclusión. En ausencia de unos términos precisos que la puedan describir, luego del discurso de la semana pasada va quedando claro que la “paz total” excluye a periodistas, medios, empresarios, académicos, asociaciones científicas, cortes, encuestadoras y quien se atreva a pensar diferente. Lo suyo no son diálogos sino monólogos. Estábamos avisados.
Su ruptura con sectores que lo apoyaron y su renovada invocación al “pueblo” pueden esperar réditos en las elecciones regionales que serán, de alguna manera, un plebiscito sobre su gestión. Podría considerar, antes de sorprenderse, que las instituciones y el “pueblo” en Colombia difieren de Perú y otras latitudes. Lo mismo, nuestra cultura política.
“Yo quiero un gobierno de izquierda, pero no uno que imponga su criterio a la fuerza”. Esta frase de quien fuera un calificado elector del presidente Petro, el exministro Rudolf Hommes, explica mejor que la teoría del supuesto golpe sus resultados negativos en las encuestas al registrar el desencanto de muchos de quienes eligieron a Petro, como le ocurrió al mismo Hommes. Las mismas encuestas que vaticinaron su triunfo ahora son calificadas como “mentirosas”. El Gobierno ha demostrado que para desacreditarse, como lo ha logrado con sus desatinos, no necesita ayuda.
Si el presidente tiene pruebas del supuesto golpe, está demorado en actuar conforme la ley dispone. Debe presentar las respectivas denuncias ante los entes competentes. De lo contrario, como corresponde a la dignidad que ejerce, debe disculparse por ya tantos malentendidos, tomando el camino de la armonía que perdió incluso al interior de la coalición que lo eligió. Mediante la sindicación de “golpes blandos” no se puede silenciar a las voces diferentes a las opiniones del Gobierno, como ocurrió en Venezuela. Son las del Poder Judicial, los medios y la sociedad civil. Expresiones constitucionales de promoción y defensa de la democracia que no pueden ser coartadas. Las sombras creadas sobre la autonomía de la Corte Suprema en el proceso de elección de fiscal, por ejemplo, hacen indispensable que el presidente aclare su alcance a riesgo de observarse como una manera de socavar la independencia de la Corte.
La crisis política que vivimos, manifiesta en la incapacidad del Gobierno para tramitar sus reformas, no se refiere a ningún tipo de golpe. El Gobierno no ha logrado convencer a las mayorías del Congreso y menos a la opinión pública de sus bondades desde un punto de vista técnico o científico. Tampoco le ha alcanzado hasta ahora la mermelada, como ilustró el editorial de El Espectador el pasado jueves. ¿Espera lograrlo con sus amenazas? Debe comprender que el mandato recibido no hace sus ideas “obligatorias”. El sistema político y los contrapesos deben ser respetados y de ninguna manera arrollados o amenazados.
Desde un punto de vistas pragmático, para resolver la actual crisis democráticamente, el Gobierno debe cambiar su estrategia de intimidaciones y amenazas al iniciar el nuevo período legislativo. Se trata de persuadir, no de imponer. Una coalición nacional alternativa a la que él mismo sepultó, basada en la conveniencia y evidencia técnica y científica de cualquier proyecto de reforma, podría ayudarle a resolver los problemas de gobernabilidad que él mismo ha promovido.
