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El presidente no puede seguir intimidando a quienes no piensan como él con la ya no tan velada amenaza de instaurar una dictadura. Debe comprender que una mayoría no comulga con la lucha de clases; prefiere la armonía a la confrontación y nuestro sistema democrático, con defectos, a la indignidad del autoritarismo. Le resultan inaceptables amenazas como “instaurar en Colombia el poder constituyente de una vez”, permanentemente esgrimidas por quien, paradójicamente, es responsable de promover la convivencia. Si no logra armonizar con esa Colombia divergente, el país puede caer al abismo de una confrontación sin precedentes como consecuencia de sus desatinos.
En lugar de gobernar el presidente se ha dedicado, casi desde su posesión, a anunciar que le quieren dar un golpe al que responderá con una calle que se excedió en violencia hasta llevarlo a su elección. Mejor dicho, ante el golpe que imagina responderá con otro golpe, en este caso, desde la misma presidencia.
Una confrontación permanente con otras instituciones como núcleo de su actividad en redes y calles no le permite cumplir sus responsabilidades ni avanzar en la solución de los problemas que ofreció gestionar. El país, con necesidades inmensas y una creciente incertidumbre, sigue atrapado entre sus amenazas, cada vez más subidas de tono; su incapacidad para gobernar y lograr consensos, y la reacción de las instituciones que intentan cumplir su función. Se defienden.
Las instituciones han reaccionado al autoritarismo. La semana pasada actuaciones del Consejo Nacional Electoral -organismo que también ha investigado a los expresidentes Uribe y Duque, sumadas a las confesiones ante la Fiscalía de dos altos funcionarios de su gobierno, llevaron al presidente hasta la frase arriba citada. Para completar, finalizando semana, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que dio origen al Ministerio de la igualdad y el Consejo de Estado le solicitó explicar su concepto de “coordinadora de fuerzas populares”. El mismo presidente, con sus desaciertos y amenazas, ha construido un escenario complicado para cualquier gobierno, pero no producto de alguna conspiración como no lo fueron las multitudinarias marchas del 21 de abril. En un instante de lucidez podría considerar que el Consejo Nacional Electoral no puede callarse ni otorgar premios a quienes superaron los topes en la elección presidencial mientras la Fiscalía y la Procuraduría deben proceder oficiosamente ante las gravísimas confesiones de sus subalternos. Además de la autoridad de su investidura tenemos leyes, todavía.
Ni las elucubraciones de un supuesto golpe ni las amenazas con sacar a sus seguidores a la calle relevan al presidente de respetar y cumplir la Constitución y las leyes. De responder por los desafueros y la corrupción de sus propios funcionarios y por las cuentas de su campaña. Tampoco lo eximen de sus responsabilidades políticas. Sindicar a su campaña de violar los topes electorales no constituye, ni aquí ni en ninguna parte, un golpe de Estado, pero tampoco en pretexto para dar uno.
Tachar al Consejo Nacional Electoral, como lo ha hecho el ministro Velasco, de ser una entidad política no les quita peso a las funciones de ese organismo, conforme a nuestra arquitectura institucional. Se trata de la aplicación de la ley. Los cargos del presidente y del ministro son políticos. El Congreso también realiza sobre el presidente control político, así como la Corte Constitucional que propende por el respeto de una Constitución, en esencia, política. No constituyen un golpe las confesiones de sus mismos funcionarios. El presidente es la cabeza del ejecutivo, pero no un emperador ni nuestro sistema de gobierno una dictadura, como para que los contrapesos del sistema, incluidos periodistas y medios, sean amenazados y agredidos por ejercer sus funciones.
Frente a la más grave crisis institucional que se recuerde, incluidos los procesos que cuestionan la legitimidad de su elección, sumadas a los casos de corrupción que comprometen a altos funcionarios de su propio gobierno, el presidente no puede responder, por enésima vez, con la historia del supuesto golpe blando. Tampoco seguir amenazando con responder a las investigaciones de la justicia o la función de los medios con “la calle”, lo que se puede interpretar -desde la dignidad que ejerce- como censura; un llamado a una confrontación civil y un verdadero golpe. Le corresponde, como a todos, solicitar y esperar una pronta decisión de las instituciones que la constitución establece.
