¿Irreformables?

Si un hecho notorio ha revelado la explosión social que ha vivido Colombia es la necesidad de reformas en diferentes áreas comenzando por una reforma tributaria, paradójicamente, florero de Llorente de las movilizaciones. El Gobierno la presentará nuevamente al Congreso en el siguiente periodo legislativo. ¿Repetiremos o extenderemos paros, movilizaciones y bloqueos?

Una fractura evidente entre muchas de las cosas que hacemos comparadas con las que necesitamos; crecientes diferencias entre las necesidades y expectativas ciudadanas y las respuestas que obtiene del sistema, así como una crisis en la manera en que tramitamos diferencias de perspectivas e intereses, son algunas lecciones del complejo periodo que estamos viviendo. Las diferencias de intereses sin tramitar o el divorcio entre el Congreso, los canales de expresión, participación y amplios sectores liderados por los jóvenes, como se evidenció, se refieren a la necesidad de cambios y ajustes que hacen indispensable una verdadera reforma política. Lo mismo ocurre en otras áreas, como las pensiones, la justicia, la salud, etc. El inventario de nuestros problemas sin resolver o susceptibles de mejorar es extenso.

La reforma tributaria se refiere a las mismas capacidades del Estado para cumplir sus funciones. A los recursos necesarios para ello. No es razonable ofrecer, como hace el populismo, obras, ayudas, servicios, como la salud, sin recursos. Una reforma tributaria no por inconveniente deja de ser necesaria. Un asunto complementario, y sin embargo diferente, se refiere a la necesidad de poner freno, de una vez por todas, con otra reforma, a la corrupción y la evasión, las que han deslegitimado al mismo Estado y frente a las cuales no podemos seguirnos comportando como si nada estuviese ocurriendo.

Pero el Gobierno presentará, previa aclimatación e intentos de consenso, otra reforma tributaria que, todo indica, contará con mayorías en el Congreso. Por lo que se conoce hasta ahora incluirá venta de activos de la nación, una expectativa de mejora en los precios del petróleo y en el crecimiento de la economía, para ir tapando el déficit fiscal. Recordemos que la pandemia rompió todos los esquemas, comenzando por la regla fiscal. Pareciera que el Gobierno espera pisar el acelerador en 2021, aumentar los niveles de inversión y gasto en la perspectiva de reactivación, para comenzar a retomar unos niveles más “normales” en 2022, año en que termina su periodo.

Pero si el Gobierno tiene mayorías en el Congreso no las tiene en la opinión y cualquier “factura” por lo que ocurra se cobrará en las presidenciales. Los sectores políticos que se le han acercado recientemente tienen varios asientos en el gabinete, pero no cuentan con respaldo ciudadano, lo que significa en la práctica que las circunstancias motivo de la explosión popular no desaparecerán. La fracasada reforma no generó la reacción por “mala” –en cuanto no fue conocida ni discutida sino rechazada de plano– sino por inoportuna, inconveniente y, aunque lo conocíamos y ahora lo hemos comprobado, porqué estamos en un año electoral, una regla no escrita pero no menos real en el trámite de cualquier reforma.

Faltando menos de un año para las elecciones pareciera que la agenda del Gobierno, llena de justificadas razones, sigue siendo diferente a las percepciones del país real, las cuales decidirán muy pronto acerca del poder y de nuestro futuro político. Como antes del 28 de abril el desafío consiste en hacer coincidir ahora nuestras necesidades con los tiempos y circunstancias existentes y no los que debiéramos tener. La coincidencia de paro, reformas y elecciones nos puede llevar hacia un peligroso espiral de deterioro institucional.

Sin duda el país necesita muchas reformas, pero al Gobierno se le acaba su tiempo para ejecutarlas. Día a día su gobernabilidad se reduce a medida que se acerca el final de su mandato. A propósito, otra regla no escrita de gobierno se refiere a que si a quien corresponde no toma decisiones oportunamente, otros las tomarán en su lugar.

@herejesyluis