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El nuevo periodo legislativo se inicia con dos agendas: la del gobierno, centrada en garantizar su continuidad en 2026, y la de la mayoría de los colombianos que observan cómo las instituciones y sistemas que fueron uno de sus más importantes activos, como el de salud, se desmoronan. Se observa a un presidente desesperado, presionado por la inminencia del fin de su periodo, sin resultados positivos para mostrar y con parte de sus más altos exfuncionarios llamados por la justicia o a punto de serlo por conocidos casos de corrupción. No se trata solo de ideología: la advertencia de su excanciller Leyva, según la cual Petro debe insistir en su continuidad o la de su proyecto “porque es la única manera de que no lo metan a la cárcel”, prefiguran el inédito periodo electoral en que nos encontramos.
La historia latinoamericana está plagada de líderes que, tras llegar al poder por la vía democrática, han torcido el curso institucional para perpetuarse en el cargo. Coincidiendo con el editorial de El Espectador del pasado jueves: observamos con creciente inquietud señales de que el presidente Gustavo Petro está preparando un camino similar o, como lo ha llamado, “la continuidad de su proyecto”.
Desde el Consejo de ministros del pasado 4 de febrero y la llegada del nuevo ministro de Justicia se ha intensificado la narrativa que busca deslegitimar los contrapesos institucionales. Petro ha insistido en que el Congreso, la Corte Constitucional y los medios de comunicación obstaculizan su proyecto de “cambio”. Esta retórica, que recuerda la de Hugo Chávez en sus primeros años, ha sido acompañada por movimientos estratégicos: una nueva crisis ministerial que le permite reconfigurar su gabinete para asegurar apoyos parlamentarios clave y el uso del presupuesto público en la campaña.
Las encuestas del último semestre muestran una caída sostenida en la aprobación presidencial, que ronda apenas el 30 %. Esta pérdida de respaldo popular no ha llevado al Ejecutivo a moderar su discurso, sino a radicalizarlo. En lugar de buscar consensos, Petro ha decidido polarizar aún más el país. El riesgo es claro: cuando el respaldo ciudadano se erosiona, los líderes autoritarios optan por debilitar las reglas del juego democrático para mantener el poder.
La agenda legislativa gubernamental comienza, nuevamente, con un presupuesto desfinanciado y el camino expedito hacia la ruina fiscal, proponiendo otra reforma tributaria. Un proyecto que pretende rubricar la destrucción inducida del sistema de salud y otro que pretende justificar, a posteriori, el fracaso de la Paz total. Todos en la perspectiva de la continuidad del gobierno pudiéndose anticipar a que, si no son aprobados, se dirá, por ejemplo, que no hay recursos para las elecciones, utilizando elaborados mitos como el de Tomas Greg & Sons para justificarlo.
La insistencia en una reforma constitucional no ha sido descartada y será nuevamente utilizada en el momento que les resulte más conveniente para facilitar la reelección en tercera persona. Se viene una campaña basada en miedo, presión o “calle” y narrativa populista. Venezuela es el ejemplo más dramático: lo que comenzó como una promesa de inclusión terminó en una concentración de poder que destruyó la institucionalidad y sumió al hermano país en la actual crisis humanitaria.
Cuando el poder se vuelve un fin en sí mismo, la democracia deja de ser un medio para el bienestar de la sociedad y se convierte en víctima.
