Estamos en modo elecciones. El periodo de gobierno se termina y, por más que lo reclamó, al presidente nadie intentó tumbarlo, con excepción de los escándalos de corrupción de sus propios funcionarios y la incertidumbre que su errático desempeño generó. Pronto votaremos y, aún desfinanciadas y amenazadas, a diferencia de Venezuela, las autoridades electorales aún existen. Evaluaremos lo sucedido entre las falsas problemas y el caos. Podremos medir la devastación causada por una irresponsable gestión.
A cambio de ejecutar lo prometido, el gobierno, desde sus inicios, se especializó en ofrecer disculpas. Cuando el Congreso le aprobó la reforma tributaria más importante de los últimos 20 años y las entidades de gobierno no ejecutaban sus presupuestos, para justificarse ante sus creyentes aparecieron una tras otra las supuestas amenazas de golpe. Incluso ahora, cuando su gobierno se termina, fabula que el presidente Trump lo quiere tumbar. La verdad es que su tiempo se acabó sin nada para mostrar. Nadie necesitaba tumbarlo. Para lograrlo no necesitaba ayuda.
Faltando apenas un año para finalizar periodo se puede anticipar que será más recordado por lo que prometió y dejó de hacer que por lo que realmente hizo. Su endeble gestión se puede constatar en el deterioro de las finanzas públicas, la corrupción desbordada, el desastre en el servicio de salud y el fracaso de su política de paz total que dejó el país en manos de la delincuencia. Ahora pareciera encaminado a afectar la política y la estructura del comercio exterior armando camorra con nuestro principal socio comercial.
Los problemas fiscales de los que ahora se aterra se refieren al pobre desempeño de la economía debido a la incertidumbre que él mismo creó. A los excesos de optimismo de sus marcos fiscales que sobreestimaron los ingresos del estado. Más matemática y menos carreta, advertimos reiteradamente desde esta columna.
Por su parte el sector de la salud, apreciado por la mayoría de los colombianos, no ha sido inmune al injusto trato recibido por parte del gobierno como lo acaba de verificar la Corte Constitucional. Se encuentra agonizante. Una reducción arbitraria de los recursos asignados no podía terminar sino con la estatización del servicio, como efectivamente ha ocurrido. Hoy una mayoría de ciudadanos son “atendidos” por entidades públicas o intervenidas por un gobierno que, sin embargo, no deja de responsabilizar a unas EPS que en su mayoría ya no existen.
En cuanto al fracaso de la paz total no se necesitan argumentos diferentes a una mirada a lo que ocurre hoy. A las masacres del Catatumbo y las que permanentemente ocurren en el Cauca, Valle, Antioquia o en cualquier parte. ¿De verdad es tan inocente el presidente como para pensar que patrullando con el dictador Maduro se solucionan los problemas en la frontera?
La política exterior no puede privilegiar alianzas con dictaduras. Ni siquiera considerarlas sobre lo que resulta indispensable un análisis de constitucionalidad. Tampoco hacer abstracción de las realidades de una estructura productiva y de comercio exterior construidas mediante esfuerzos centenarios. La “disputa” con el presidente Trump -como hizo en el pasado con Uribe- es un ejercicio para aumentar la polarización y justificarse frente a sus incautos fieles. Nada más.
Tomando la temperatura del país, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada la semana anterior confirma dos cosas: (1) El pobrísimo respaldo a los candidatos amigos del actual gobierno y (2) el cambio en la percepción de sus problemas por parte de los colombianos. A diferencia de lo que ocurría en 2022 ahora son la salud y la corrupción, luego de la UNDGRD, Nicolas Petro y los escándalos que involucran a altos consejeros presidenciales, exministros y los entonces presidentes de Cámara y Senado.
Quien lo suceda tendrá la tarea de reconstruir a Colombia.
