La irrupción ciudadana en varios países debe entenderse como disfuncionalidad del régimen político; estático ante la revolución digital y la globalización, sin perder de vista que en las calles se expresan demandas pero no se gobierna y en lugar de destruir corresponde actualizar y reformar.
Mientras Colombia realizó elecciones regionales en un entorno en que la polarización , que ha definido presidenciales no eligió alcaldes ni gobernadores; en España como en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y, si, China, por cuenta de Hong Kong, se han vivido inusuales irrupciones ciudadanas. ¿Qué está ocurriendo?
En Colombia existen razones de preocupación, comenzando por la manera como se han desdibujado, y atomizado, las fuerzas políticas, mucho más en la política regional donde cada quien tiene “su” feudo. No tiene buena salud una democracia sin partidos sólidos. Se ha comprobado que, luego de firmados los acuerdos con las FARC, la violencia, detrás de la lucha por los presupuestos y el poder local, sigue alterando las elecciones en más de un tercio de municipios , desacreditando la descentralización que alguna vez consideramos un inmenso avance. No deja de ser chistoso que políticos de oficio, que nos trajeron hasta “aquí”, propongan, ahora, “nuevas” reformas elaboradas por ellos mismos. Desfachatez y descaro hay que tener.
La gente en las calles defendiendo opiniones o protestando es una expresión de democracia y ejercicio de libertades; una forma de manifestar sus creencias o ideas; una manera de presionar o promover cambios que, por los canales habituales, no se logran. En regímenes autoritarios o dictaduras esas expresiones no son posibles o, sencillamente, son duramente reprimidas.
Así que siendo diferentes las razones de insatisfacción tienen elementos identificables: mientras en Bolivia, como en Venezuela y China, donde la protesta es castigada y encarcelada, existen regímenes que quieren perpetuarse, en los demás subsiste la alternancia, un síntoma claro de institucionalismo democrático. Así que las protestas; las peticiones ciudadanas, en sus mismos orígenes, son diferenciables.
No es posible descartar que detrás de los motines se estén expresando nuevas formas de política exterior y “diplomacia”. Para muestra, la injerencia de la Rusia de Putin, el amigo de Maduro, en las elecciones norteamericanas. ¿No está en Cataluña y Latinoamérica ayudando a sus amigos?
En España, por ejemplo, los reclamos independentistas coinciden con un periodo, ya extenso, de anomia en el sistema político que no le ha permitido avanzar en la formación de gobierno. En Perú el divorcio entre gobierno y congreso ha puesto en problemas la gobernabilidad del mismo Estado y el desempeño de las instituciones. En Ecuador, el actual gobierno padece los rigores de un ya largo periodo de desinstitucionalización, apenas mitigado en los gobiernos populistas de Correa, que dejaron al país en graves problemas fiscales.
Los Estados democráticos que han afrontado irrupciones ciudadanas trinen en común que el régimen político, y sus canales habituales de relación entre instituciones y ciudadanía, no ha sido suficiente para atender las demandas ciudadanas en un mundo que ha cambiado. Nuevos sectores, o “viejos” con nuevas peticiones, no encuentran manera de tramitarlas en el escenario y las instituciones actuales. El punto más alto de esa insatisfacción pudo ser el movimiento de indignados.
La lección de fondo es que el concepto de democracia inclusiva, que intenta acoger buena parte de esas reclamaciones actualizando el sistema político, reclamado por la ONU y la OCDE, no es optativo y tampoco se ha incorporado plenamente al andamiaje institucional en las democracias contemporáneas.
Por otra parte, esa lentitud en el desarrollo institucional se ha visto acentuada por los cambios que ha propiciado la revolución digital y tampoco han sido incorporados al sistema político. Un ejemplo de ello son las peticiones ciudadanas tramitadas en las redes, capaces de identificar y acoger la voluntad popular de importantes sectores en tiempo real que, sin embargo, no tienen carácter mandatorio más allá de la buena voluntad y la presión ejercida sobre quienes toman las decisiones, convirtiéndolas, en el mejor de los casos, en un imperativo moral más no legal.
Otro ejemplo de esa disfuncionalidad, entre sistema político y avances tecnológicos, son las noticias falsas y la manipulación de la voluntad ciudadana en las redes: todos hablamos de ello, pero, mientras tanto, quitan y ponen gobiernos; crean la agenda de los medios y, por esa vía, definen la agenda pública. La democracia no ha resultado inmune a su influencia.
En conclusión, mientras sociedad, cultura; economía Etc., han avanzado al ritmo de la revolución digital y la globalización, la política se gestiona con las reglas, costumbres e instituciones del siglo 19.La democracia, el régimen político que ha hecho posible la era de mayor prosperidad en la historia de la humanidad, no está en peligro inminente, pero estamos demorados en hacerle mantenimiento. La gente en las calles es una fuerte señal de ello.