Una reforma pensada para eliminar la reelección puede terminar definiendo las presidenciales de 2018.
La reforma conocida como equilibrio de poderes comenzó tratando de restaurar los contrapesos constitucionales perdidos con la figura de la reelección. Pero ello no ha sido suficiente, al punto que ya vamos en una reforma de mayor calado en la que cada quien tira su “cuarto de espadas”.
El pulso más fuerte, sin embargo, no ha sido uno entre partidos y movimientos, del que hemos visto episodios sin resolver, como las inhabilidades que debería tener el hoy vicepresidente ejecutivo, si no el que se ha observado entre políticos y altas Cortes, con instituciones como la fiscalía de por medio.
La creación de un tribunal encargado de juzgar a miembros de las cortes y otros funcionarios; la eliminación del consejo superior de la judicatura y de la capacidad de nominar fiscal, contralor etc., incluidos en la reforma, encendieron las alarmas de los magistrados al punto que algunos solicitaron, junto con el fiscal, la convocatoria de una constituyente, lo que paradójicamente coincide con el planteamiento de las FARC y, hasta hace poco, del Uribismo.
Esta “rebelión” de la rama judicial ante las decisiones y capacidad deliberante del congreso, más allá de la independencia jurídica que debe tener, parece confundirse con nostalgia por la “pérdida” de poder político y administrativo contenidos en la reforma, los que, en realidad, son extraños a su función natural.
El control a las altas cortes, efectuado por juristas diferentes a los congresistas, ante el fracaso de la comisión de acusaciones, y a los mismos magistrados, parecía un punto de honor en la reforma, pero todo apunta a que la cosa seguirá casi como hasta ahora. Difícil, también, sería entender que de una comisión de gobierno judicial esté excluido el propio ministro de Justicia.
Una muestra de las fibras que toca esta versión del equilibrio es el episodio en el que los ministros del interior y justicia, quienes representan sectores del Liberalismo, fueron desautorizados en público por el ministro de la presidencia, miembro histórico de cambio radical, y para quien, igual que las funciones ejecutivas del vicepresidente, se creó ese nuevo cargo en el actual gobierno.
Pero faltan arandelas: crece el rumor según el cual la fórmula presentada por el ministro de la presidencia para resolver el asunto, consultada, según él, minutos antes con el presidente Santos, coincidiría con su propia aspiración para ocupar en el próximo periodo la fiscalía general de la nación. ¿Significaba eso que el presidente, empezando gobierno, se inclinaría en definitiva por Vargas Lleras como su sucesor al abrirse camino ese alfil para tan importante cargo? Quien sabe, pero es seguro que la reforma, convocada para eliminar la relección, un asunto puramente institucional, terminará dibujando un nuevo mapa político en un año electoral y mucho de lo que pasará en las presidenciales de 2018.
Hace apenas unos meses Horacio Serpa, por ejemplo, dijo que la actual coalición de gobierno iría hasta las próximas presidenciales. Con su experiencia debe saber que los hechos se le adelantaron. ¿Se mantendrá, si Martínez es elegido fiscal y Vargas Lleras insiste en su agenda propia, la actual coalición mucho tiempo más?
A estas alturas y faltando solo un debate de ocho, el congreso debería considerar que pese a los numerosos cambios de la Constitución el resultado del que está en curso puede convertirse en uno que en muy poco tiempo necesitaríamos deshacer, si se tienen en cuenta dos hechos:1) tenemos una mesa de negociaciones en La Habana y 2) la capacidad política del congreso, tan importante como es, tiene el enorme reto de “seducir” al 50% de la población habilitada para hacerlo que no participa en elecciones.
Hoy por hoy reina un ambiente de confusión en el país y en el propio congreso. Si las cosas siguen como van las listas cerradas, que cambiarían las costumbres políticas, seguirán siendo una ilusión y solo está claro que se va a eliminar la reelección, para al mismo tiempo garantizar la presidencia del vicepresidente ejecutivo en 2018, en varios ministerios hoy “presidente” en funciones. ¿Paradójico, no?
@herejesyluis
Una reforma pensada para eliminar la reelección puede terminar definiendo las presidenciales de 2018.
La reforma conocida como equilibrio de poderes comenzó tratando de restaurar los contrapesos constitucionales perdidos con la figura de la reelección. Pero ello no ha sido suficiente, al punto que ya vamos en una reforma de mayor calado en la que cada quien tira su “cuarto de espadas”.
El pulso más fuerte, sin embargo, no ha sido uno entre partidos y movimientos, del que hemos visto episodios sin resolver, como las inhabilidades que debería tener el hoy vicepresidente ejecutivo, si no el que se ha observado entre políticos y altas Cortes, con instituciones como la fiscalía de por medio.
La creación de un tribunal encargado de juzgar a miembros de las cortes y otros funcionarios; la eliminación del consejo superior de la judicatura y de la capacidad de nominar fiscal, contralor etc., incluidos en la reforma, encendieron las alarmas de los magistrados al punto que algunos solicitaron, junto con el fiscal, la convocatoria de una constituyente, lo que paradójicamente coincide con el planteamiento de las FARC y, hasta hace poco, del Uribismo.
Esta “rebelión” de la rama judicial ante las decisiones y capacidad deliberante del congreso, más allá de la independencia jurídica que debe tener, parece confundirse con nostalgia por la “pérdida” de poder político y administrativo contenidos en la reforma, los que, en realidad, son extraños a su función natural.
El control a las altas cortes, efectuado por juristas diferentes a los congresistas, ante el fracaso de la comisión de acusaciones, y a los mismos magistrados, parecía un punto de honor en la reforma, pero todo apunta a que la cosa seguirá casi como hasta ahora. Difícil, también, sería entender que de una comisión de gobierno judicial esté excluido el propio ministro de Justicia.
Una muestra de las fibras que toca esta versión del equilibrio es el episodio en el que los ministros del interior y justicia, quienes representan sectores del Liberalismo, fueron desautorizados en público por el ministro de la presidencia, miembro histórico de cambio radical, y para quien, igual que las funciones ejecutivas del vicepresidente, se creó ese nuevo cargo en el actual gobierno.
Pero faltan arandelas: crece el rumor según el cual la fórmula presentada por el ministro de la presidencia para resolver el asunto, consultada, según él, minutos antes con el presidente Santos, coincidiría con su propia aspiración para ocupar en el próximo periodo la fiscalía general de la nación. ¿Significaba eso que el presidente, empezando gobierno, se inclinaría en definitiva por Vargas Lleras como su sucesor al abrirse camino ese alfil para tan importante cargo? Quien sabe, pero es seguro que la reforma, convocada para eliminar la relección, un asunto puramente institucional, terminará dibujando un nuevo mapa político en un año electoral y mucho de lo que pasará en las presidenciales de 2018.
Hace apenas unos meses Horacio Serpa, por ejemplo, dijo que la actual coalición de gobierno iría hasta las próximas presidenciales. Con su experiencia debe saber que los hechos se le adelantaron. ¿Se mantendrá, si Martínez es elegido fiscal y Vargas Lleras insiste en su agenda propia, la actual coalición mucho tiempo más?
A estas alturas y faltando solo un debate de ocho, el congreso debería considerar que pese a los numerosos cambios de la Constitución el resultado del que está en curso puede convertirse en uno que en muy poco tiempo necesitaríamos deshacer, si se tienen en cuenta dos hechos:1) tenemos una mesa de negociaciones en La Habana y 2) la capacidad política del congreso, tan importante como es, tiene el enorme reto de “seducir” al 50% de la población habilitada para hacerlo que no participa en elecciones.
Hoy por hoy reina un ambiente de confusión en el país y en el propio congreso. Si las cosas siguen como van las listas cerradas, que cambiarían las costumbres políticas, seguirán siendo una ilusión y solo está claro que se va a eliminar la reelección, para al mismo tiempo garantizar la presidencia del vicepresidente ejecutivo en 2018, en varios ministerios hoy “presidente” en funciones. ¿Paradójico, no?
@herejesyluis