Al cumplirse el primer año de pandemia, otro falso dilema nos inquieta. ¿Deben privilegiarse salud o libertad en esta situación excepcional ante las demandas de sectores de la población que reclaman contra los cierres mientras otros los recomiendan? Un estudio reciente deja ver preocupantes perspectivas.
La crisis económica planteada por la pandemia se ha venido resolviendo de la única manera posible: la intervención a fondo de los Estados. Los países democráticos han tenido un “peor” balance, si se compara su desempeño con regímenes autoritarios, como el chino, al evaluar los resultados en salud pública pero también los niveles de crecimiento, las perspectivas económicas, así como los indicadores de empleo y bienestar.
En muchos países democráticos los mecanismos de pesos y contrapesos han retardado una más eficaz respuesta. Se han escuchado, naturalmente, las diferentes voces en los niveles de gobierno nacionales y locales, así como las opiniones sobre lo que conviene desde diferentes ópticas e intereses políticos. La ciudadanía también se expresa a través de organizaciones que reclaman una transparencia indispensable, aunque en general las constituciones facultan a los gobiernos para tomar decisiones excepcionales en situaciones como la que vivimos.
La receta generalizada ha sido aumento de gasto e inversión pública, subvención a las nóminas, subsidios y dinero barato. Ello ha permitido a las economías endeudarse, en la expectativa de la esperanzadora vacuna y la “normalización”, comprendiendo que salud y economía son partes indisolubles de una unidad, de la que hacen parte también las condiciones y normas en que vivimos: por supuesto, la actividad política y el disfrute y responsabilidades inherentes a nuestros derechos.
Una medición objetiva de la manera como la pandemia ha afectado el régimen político y la democracia en diferentes países y en el mundo acaba de ser publicada por The Economist. Se trata de un cálculo realizado en 167 países fundamentado en cinco dimensiones: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Los países son clasificados en cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”. Sus resultados son reveladores: menos de la mitad de los ciudadanos del mundo viven en una democracia y solo el 8.4% califican en la categoría “democracia plena”. El puntaje global promedio en el Índice de Democracia 2020 cayó de 5.44 en 2019 a 5.37 en 2020, la peor puntuación desde que se mide. ¿Sería la respuesta a pandemia?
De acuerdo con el estudio, 2020 se puede calificar como el año en que “los ciudadanos experimentaron el mayor retroceso de las libertades individuales de la historia emprendido por los gobiernos durante tiempos de paz (y quizás incluso en tiempos de guerra)”. Un retroceso, digamos, aceptado —mucho más en países desarrollados— en cuanto “la mayoría de la gente concluyó, sobre la base de la evidencia sobre una nueva enfermedad mortal, que prevenir una catástrofe, la pérdida de vidas, justificó una pérdida temporal de libertad”.
En nuestro país hemos observado la manera en que asociaciones médicas y sociedades científicas, dependiendo de las circunstancias, han reclamado por un mayor enclaustramiento, única arma en ausencia de remedios o vacunas, mientras comerciantes, empresarios y trabajadores, principalmente informales sin subsidios, reclaman apertura para mantener sus ingresos. Se trata de enfoques e intereses encontrados, es decir políticos, que han debido mediarse por el Estado, abocado a dinamizar la economía, proteger la salud y garantizar nuestras libertades respetando derechos consensuados, a diferencia de los regímenes autoritarios que simplemente imparten órdenes.
Lo más preocupante del estudio, sin embargo, no se refiere al retroceso generalizado, esperamos temporal, en el disfrute de libertades por cuenta de la pandemia, tanto como lo que podría ocurrir si esta o circunstancias similares se mantienen en el tiempo con los efectos que tendrían en el funcionamiento del sistema democrático, que muy probablemente colapsaría en el largo plazo en favor de regímenes autoritarios.
En esta Colombia preelectoral, que aparece en el rango de democracias defectuosas —junto con Estados Unidos, Portugal, Italia y, quién lo creyera, Francia— en un decoroso puesto 46 entre 167, a pesar de la nefasta herencia del narcotráfico y sus guerras, no tenemos la democracia que soñamos, pero sí una que debemos proteger y optimizar. Ojalá pronto termine la pandemia, pero entre tanto es terreno abonado y más vale mantenernos atentos a los desbordamientos autoritarios con ropaje populista que pretendiendo defender las libertades podrían, como hemos visto muy de cerca, terminar con ellas.
