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La solicitud del representante estadounidense Jim McGovern al gobierno de su país, reclamando la defensa de los derechos humanos y la protección de la vida de líderes sociales en Colombia, es atinada y siempre será conveniente, pero podría completarse con propuestas tendientes a sustituir la prohibición como eje de la política contra el consumo y tráfico de drogas ante su evidente fracaso.
Paradójicamente, mientras en Colombia la violencia no se detiene, en Estados Unidos y otros países, como Canadá y Uruguay, autorizan el uso de la marihuana para fines de salud o recreativos o avanzan en su despenalización, generando impuestos, empleos e inversiones millonarias.
Un estudio de Naciones Unidas publicado el año anterior revela el agotamiento de la prohibición al mostrar que con su implementación la situación no mejora: en el periodo 2009-2019 el consumo mundial aumentó, al menos, un 30% y en lugar de disminuir se ha elevado el número de consumidores hasta un 5,3% de la población mundial. Simultáneamente, se han reducido los presupuestos estatales para ayudar al desarrollo, del 3% en el año 2000 al 0,02 % en 2017.Como sustituto en su producción, los proyectos de desarrollo alternativo no logran competir, en el mundo real, con los precios de las drogas. Difícilmente un producto sustituto logrará la rentabilidad y capacidad de corrupción de las sustancias ilegales con un precio exorbitante, precisamente, por su carácter ilegal.
En Colombia, llevamos la peor parte: La guerra entre bandas del narcotráfico por el control de territorios revela en la superficie la ausencia de un actor dominante - un rol ejercido por las extintas Farc antes de los acuerdos- e insuficiencia del Estado. En realidad, ningún Estado puede reclamar éxito en décadas de prohibición. Tampoco hace justicia responsabilizar a un gobierno, este o cualquiera, por las consecuencias de un problema global que el mundo no ha logrado resolver.
Por estos días los análisis de las masacres en Colombia se han reducido a discusiones estériles sobre sus “verdaderas” cifras, y ejercicios de cartografía que tienden a identificar la influencia y características regionales del problema, asociado, indudablemente, al asesinato de líderes sociales, pero también de maestros, estudiantes, campesinos, amas de casa y quien se “atraviese”. Algo similar ocurre con la disparidad en cifras de extensión de los cultivos. Se trata de un ejercicio importante que, sin embargo, nos distrae nuevamente de la raíz del problema y nos aleja de su solución.
Tratándose de un problema mundial y en ausencia de instituciones globales que tomen medidas con carácter vinculante, la guerra contra el narcotráfico ha sido una notable excepción: salvo por las tendencias observadas en los últimos años la penalización ha sido prácticamente uniforme en todos los países-Fracasando uniformemente- y también los alcances de las decisiones judiciales que han logrado aplicar con éxito políticas de extradición, una consecuencia de la Cooperación Internacional. Cincuenta años de derrotas, crímenes y, debe decirse, utilidades para los narcotraficantes, no han sido suficientes para convencernos de que se trata de una guerra perdida o, cuando menos, errada. Seguimos haciendo lo mismo y los resultados siguen siendo idénticos.
Las víctimas están por todas partes. Si en Colombia se han multiplicado corrupción, desinstitucionalización, crimen y violencias, además del enorme crimen ambiental, en los países consumidores con gran capacidad de compra y demanda, el impacto social, la tragedia humana y de salud pública son enormes. Después de tanto sacrificio inútil parece llegado e inevitable el momento de erradicar el fracasado prohibicionismo y diseñar una propuesta de política para tratar el problema de una manera diferente y exitosa.
En Colombia nos parece absurdo que desde un país que con su consumo y capacidad de compra puede ser la parte más importante y responsable de un problema que a su interior, pese a sus inmensas posibilidades, no la logrado resolver, se reclame a uno como el nuestro por las consecuencias y la violencia que genera. La llegada del gobierno Biden, que hemos recibido con optimismo y esperanza, debería servir no para presentarle quejas, como hace el representante McGovern, sino para cambiar para siempre una política costosa, inútil y equivocada.
