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La reforma política que dio su primer paso en el Congreso no puede calificarse como tal, en cuanto no garantiza el fortalecimiento democrático de los partidos ni la independencia del sistema electoral como proclama. Tampoco actualiza la legislación ni las herramientas de participación ante el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial. El trámite simultaneo de cambios en el sistema de transferencias a los entes territoriales constituye, en realidad, otra reforma política velada con muchas más consecuencias. Avanza, con el acelerador a fondo, por la puerta de atrás.
Luego de varios intentos de reforma resultaba en exceso optimista pretender que en un año preelectoral como en el que ya ingresamos se podrían realizar ajustes de fondo a un sistema que los necesita y no solo por el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. La pregunta sigue siendo: ¿Podrán los políticos auto reformarse? La prematura peluqueada al proyecto en la conformación del Consejo Nacional Electoral confirma que la respuesta sigue siendo no. Ni siquiera han cambiado sus protagonistas. El Ministerio del Interior, responsable de promover la reforma, ha estado en manos del mismo sector político desde los dos gobiernos del presidentes Santos y ahora en el de Petro. Del mismo Cristo y los exministros Barreras, Velasco y Prada. No es tan raro que los resultados obtenidos y esperados sigan siendo los mismos. Tampoco que los primeros se perfilen como candidatos presidenciales. Al fin de cuentas se trata de seguir en “lo mismo”.
De otra parte, avanza a toda velocidad el acto legislativo para modificar el Sistema General de Participaciones aumentando las transferencias a las entidades territoriales. La propuesta no se encuentra integrada o en perspectiva de una más completa reforma política y territorial como debiera. No se trata solamente de competencias y recursos, sobre los cuales subsiste una inmensa confusión que propicia corrupción y despilfarro, situados en la base de una política regional estrechamente vinculada a la nacional a través del Congreso y el presupuesto nacional. Aumentaremos los recursos, pero variaciones en las competencias se encuentran por definir mediante una futura ley. El absurdo es tan evidente que Incluso el Ministerio de Hacienda ha objetado su conveniencia señalando que en las condiciones y horizonte fiscal de la nación -los supuestos y previsiones macroeconómicas- es impracticable incluso después de 2027. Las transferencias ya representan el 76 % de los gastos de funcionamiento. ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Por qué tanta premura?
Finalmente es, cuando menos, increíble que nuestros dirigentes no se den por enterados de las implicaciones políticas propiciadas por la digitalización y la inteligencia artificial. Desde el brexit y el proceso independentista catalán, la manipulación política de los electores a partir del conocimiento de sus conductas en el ciberespacio sigue sin reglamentación en nuestras normas. Con los recursos de la corrupción se pagan, además de almuerzos, lechona y bonificaciones, es decir las campañas, las bodeguitas. Así se siguen manipulando las conductas electorales. La reforma, al respecto, no dice nada.
Estudios científicos demuestran la manera en que la Inteligencia Artificial puede ayudarnos a lograr consensos en sociedades polarizadas y la realización de asambleas generales virtuales, el sueño hasta hace poco imposible de la democracia directa. ¿Podemos llamar reforma política a una que ni siquiera registra hechos tan protuberantes?
Ninguna de las dos reformas tendrá efectos en el inmediato futuro, pero serán y son utilizadas como insumo en la campaña presidencial que ya comenzó. Tal es su verdadero sentido. Esperan poner detrás del coche que las tira -las elecciones de 2026- a la mayor cantidad de congresistas y, de ser posible, a las gentes de las regiones tan “abandonadas por el centralismo”. ¿Reforma? Lo que se ha presentado es más de lo mismo, de ñapa, con los mismos.
