Como revelan todas las encuestas y se percibe en la calle, la gestión del Gobierno es un desastre, pero una salida razonable no consiste en responsabilizar de lo que ocurre a una supuesta confabulación o manguala de sus opositores.
La encuesta de Invamer es una fotografía en alta resolución de lo que ocurre en Colombia. Se puede observar la debacle del Gobierno y buena parte de las razones que la explican. Mientras casi un 60 % ya desaprueba la gestión del presidente y su vicepresidenta, un 70,7 % considera que el país va por mal camino. Un 78 % considera que el cambio de Petro ha sido para empeorar. También revela que las mayorías no están de acuerdo con sus propuestas de reforma, destacándose que un 61 % está en desacuerdo con la eliminación de las EPS y un 75 % está preocupado por que los recursos los administre el Gobierno, como se ha propuesto. Un 63 % considera que la paz total va mal.
Como respuesta a su desgaste autoinfligido, hace carrera en círculos afines al Gobierno una narrativa según la cual existe algún tipo de confabulación. De acuerdo con ella, se habrían intentado en su contra “golpes blandos” y no tanto. Medios, periodistas y opinadores, junto con sus opositores, conspiran. Se les ha olvidado señalar a los encuestadores, en cuanto todos los estudios arrojan negativos al cumplirse un año de su elección. Nada más equivocado que, a cambio de reconocer sus limitaciones y errores para buscar consensos, nos quieran cambiar la realidad por otra para declararse “víctimas”.
Al Gobierno no le va bien. No gobierna. La paz total no le funciona y sus confusas ideas de reforma nunca lograron estructurarse como verdaderos proyectos. En una carrera desesperada intentan aprobar casi cualquier cosa a cualquier costo mientras el tiempo y las normas —dos variables que debemos observar los seres terrenales— se suman a la lista de conspiradores. En los dos casos no ha sido culpa de una manguala si no de su propia incapacidad de gestión.
Ambigüedades y verdades alternativas —como la manguala— tienen su hábitat en las redes, pero no siempre en las normas. Las aclaraciones del presidente sobre sus velados señalamientos a las cortes y la Rama Judicial no son suficientes para convencernos de que se trata de otra de sus ya frecuentes equivocaciones. La narrativa de un Gobierno “víctima” ha estado secundada por sus alfiles en todos los niveles, como en el caso de las no tan veladas amenazas a la periodista Camila Zuluaga. En el fondo, se trata de descalificar para inhabilitar por anticipado el ejercicio de cualquier contrapeso, como en el caso de la supuesta confabulación para que la Corte Suprema no le nombre fiscal cuando le corresponda hacerlo. En la práctica, una manera de limitar la autonomía de la Corte al cuestionarla por anticipado.
Ojalá el Gobierno no siga avanzando en su narrativa por un camino ya recorrido por gobiernos autoritarios. Hitler, en su momento, mediante una campaña de desinformación que en principio se creyeron solo sus fieles, amenazó, difamó, enjuició y encarceló a periodistas y jueces que no se alinearon, siendo el desprestigio de instituciones y personas su primer paso. También ocurrió más recientemente en Venezuela donde Chávez, en su intención de aplastar cualquier contrapeso, aumentó el número de magistrados del Tribunal Supremo —una medida similar a la que ya se ha propuesto en Colombia—, lo que le permitió rápidamente nombrar a sus amigos y tomar el control de la Rama Judicial para controlar todo el país, como lo hace Maduro hasta la fecha.
Con sus constantes aclaraciones, la administración Petro debe, de una vez por todas, comprender que en un gobierno democrático siempre existirán contrapesos y de lo que se trata es de lograr consensos, que su triunfo electoral lo compromete a convivir con la pluralidad del sistema y respetar las normas que permitieron su elección. Con marchas y amenazas podremos establecer quién grita más fuerte, pero de ninguna manera imponer la voluntad de una minoría, como la que sigue a Petro, sobre el resto de la sociedad contra su voluntad.
@herejesyluis
Como revelan todas las encuestas y se percibe en la calle, la gestión del Gobierno es un desastre, pero una salida razonable no consiste en responsabilizar de lo que ocurre a una supuesta confabulación o manguala de sus opositores.
La encuesta de Invamer es una fotografía en alta resolución de lo que ocurre en Colombia. Se puede observar la debacle del Gobierno y buena parte de las razones que la explican. Mientras casi un 60 % ya desaprueba la gestión del presidente y su vicepresidenta, un 70,7 % considera que el país va por mal camino. Un 78 % considera que el cambio de Petro ha sido para empeorar. También revela que las mayorías no están de acuerdo con sus propuestas de reforma, destacándose que un 61 % está en desacuerdo con la eliminación de las EPS y un 75 % está preocupado por que los recursos los administre el Gobierno, como se ha propuesto. Un 63 % considera que la paz total va mal.
Como respuesta a su desgaste autoinfligido, hace carrera en círculos afines al Gobierno una narrativa según la cual existe algún tipo de confabulación. De acuerdo con ella, se habrían intentado en su contra “golpes blandos” y no tanto. Medios, periodistas y opinadores, junto con sus opositores, conspiran. Se les ha olvidado señalar a los encuestadores, en cuanto todos los estudios arrojan negativos al cumplirse un año de su elección. Nada más equivocado que, a cambio de reconocer sus limitaciones y errores para buscar consensos, nos quieran cambiar la realidad por otra para declararse “víctimas”.
Al Gobierno no le va bien. No gobierna. La paz total no le funciona y sus confusas ideas de reforma nunca lograron estructurarse como verdaderos proyectos. En una carrera desesperada intentan aprobar casi cualquier cosa a cualquier costo mientras el tiempo y las normas —dos variables que debemos observar los seres terrenales— se suman a la lista de conspiradores. En los dos casos no ha sido culpa de una manguala si no de su propia incapacidad de gestión.
Ambigüedades y verdades alternativas —como la manguala— tienen su hábitat en las redes, pero no siempre en las normas. Las aclaraciones del presidente sobre sus velados señalamientos a las cortes y la Rama Judicial no son suficientes para convencernos de que se trata de otra de sus ya frecuentes equivocaciones. La narrativa de un Gobierno “víctima” ha estado secundada por sus alfiles en todos los niveles, como en el caso de las no tan veladas amenazas a la periodista Camila Zuluaga. En el fondo, se trata de descalificar para inhabilitar por anticipado el ejercicio de cualquier contrapeso, como en el caso de la supuesta confabulación para que la Corte Suprema no le nombre fiscal cuando le corresponda hacerlo. En la práctica, una manera de limitar la autonomía de la Corte al cuestionarla por anticipado.
Ojalá el Gobierno no siga avanzando en su narrativa por un camino ya recorrido por gobiernos autoritarios. Hitler, en su momento, mediante una campaña de desinformación que en principio se creyeron solo sus fieles, amenazó, difamó, enjuició y encarceló a periodistas y jueces que no se alinearon, siendo el desprestigio de instituciones y personas su primer paso. También ocurrió más recientemente en Venezuela donde Chávez, en su intención de aplastar cualquier contrapeso, aumentó el número de magistrados del Tribunal Supremo —una medida similar a la que ya se ha propuesto en Colombia—, lo que le permitió rápidamente nombrar a sus amigos y tomar el control de la Rama Judicial para controlar todo el país, como lo hace Maduro hasta la fecha.
Con sus constantes aclaraciones, la administración Petro debe, de una vez por todas, comprender que en un gobierno democrático siempre existirán contrapesos y de lo que se trata es de lograr consensos, que su triunfo electoral lo compromete a convivir con la pluralidad del sistema y respetar las normas que permitieron su elección. Con marchas y amenazas podremos establecer quién grita más fuerte, pero de ninguna manera imponer la voluntad de una minoría, como la que sigue a Petro, sobre el resto de la sociedad contra su voluntad.
@herejesyluis