Por lo poco que hemos visto hasta ahora en los inacabados proyectos de reforma, pero mucho más en las declaraciones de altos funcionarios, se ha dejado ver un espíritu de revancha, no contra la mala política y la corrupción, como se prometió en campaña y por el que votó una mayoría en las presidenciales, sino contra la participación del sector privado en la prestación de servicios, satanizando el objetivo de obtener utilidades, motor del progreso en las sociedades capitalistas, como si fuese “pecado”. Privilegiando un obsoleto criterio de “lo público” y no el interés general como principio.
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¿Será más conveniente para Colombia que, como eje de las reformas, sin profundizar en el proyecto de salud que apenas hoy conoceremos, la gestión se concentre de nuevo en manos del estado, porque así las EPS dejarán de recibir utilidades como se ha argumentado? Parecen más preocupados en destruir el sistema que en trabajar por su mejoramiento. La participación del sector privado, para quienes recordamos lo que el país tenía, o mejor de lo que carecía en las épocas del ICSS, aparte de la universalidad lograda, ha hecho real, aunque perfectible un derecho convertido en servicio. Los monopolios estatales fracasaron de manera rotunda tanto en Colombia como en todas partes del mundo. En verdad es extraño que una discusión resuelta por los hechos y la historia ocupe algún lugar en la agenda pública a estas alturas del desarrollo tecnológico, luego de la integración y apertura natural que la tecnología -la productividad del trabajo- ha propiciado.
Para superar la corrupción estatal, la misma que sepultó a la URSS y se encuentra a punto de hacerlo en Venezuela, la Nueva Gestión Pública, un modelo de administración concebido como respuesta a la probada ineficiencia de los monopolios públicos, hizo posible un salto cualitativo de nuestra sociedades en materia de gerencia y administración. Sin embargo, este modelo, que se caracteriza por la participación del sector privado y la ciudadanía en los asuntos y servicios públicos, también ha sido permeado por una corrupción tan antigua como la existencia del Estado. Ello no significa que el modelo pueda ser deslegitimado, mucho menos cuando sus resultados son palpables a pesar de sus problemas.
Por el contrario el desarrollo tecnológico y la revolución digital han llevado a su evolución en lo que ahora se conoce como el modelo de Gobierno Abierto que se comienza a implementar en Colombia y en las sociedades avanzadas. Se caracteriza por una constante interacción entre la ciudadanía, el sector privado y el gobierno mediante el uso de las TIC y cada vez más transparentes y eficientes aplicaciones que permiten satisfacer, de manera expedita y a bajo costo, necesidades de la gente y respuestas del Estado de manera transparente cerrando el paso a la corrupción, mediante la participación efectiva y en tiempo real de la ciudadanía, un ejercicio que tiende a optimizarse con la implementación de la inteligencia artificial.
A propósito de la manera en que ha evolucionado el sistema de salud vale considerar la situación de los maestros que se tomaron el capitolio la semana pasada. Ellos padecen un régimen especial considerado así por cuanto en el momento de su expedición se argumentaba como superior al sistema general entre otras razones porque su gestión quedó en manos del gobierno, a través de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Educación, y los mismos maestros, quienes tienen dos de cinco asientos en su órgano rector. Tres décadas después se ha revelado, a pesar de su naturaleza pública, su ineficiencia y rezago frente al sistema general de salud que, paradójicamente, ahora se pretende demoler.
Los maestros del Cauca, al presentar sus razonados reclamos en formas que exceden cualquier forma de razón, han puesto en evidencia el fracaso de los monopolios públicos, aun cogestionados por sus mismos beneficiarios. Se oponen, por ejemplo, a la gestión de sus colegas que los representan y el mismo gobierno, aun tratándose del de Petro. ¿Alguien puede garantizar que devolviendo la rueda de la historia, dejando el servicio o la concentración de sus pagos en manos públicas, casos como el de los maestros del Cauca no se multiplicarán?
El gobierno, soportado en el argumento del mandato recibido, podría realizar una consulta popular para someter a ella, cuando lo tenga, su proyecto de reforma. Podría salir decorosamente del berenjenal en que una ministra activista, actuando de manera improvisada, lo ha metido.
