El cierre de la vía incomunica a Bogotá y al país con su despensa y la zona de mayor producción de petróleo, gas y sus reservas. Una región que –de acuerdo con Fedesarrollo– podría desarrollar en los próximos 20 años 2 millones de hectáreas lo que tendría un impacto enorme en el crecimiento, el empleo y el progreso de Colombia. Si existe una revolución factible que mejoraría nuestro nivel de vida tendría lugar en el Llano, pero no tiene una vía a la altura de sus necesidades e inmensas posibilidades. Como si fuera poco, los gobiernos no se ponen de acuerdo en una solución y son conocidas las diferencias del gobierno nacional con las APP y el concesionario de la vía.
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“86 kilómetros- 90 minutos” rezaba el eslogan con que se proyectó la actual vía. Y fue verdad hasta que el Llano; su producción, población y comercio, crecieron tanto que muy pronto declararon su obsolescencia. Es necesario superar la actual emergencia, pero está muy claro que resulta indispensable una nueva vía. La realidad es que la actual, además de insuficiente, no tiene vías alternas. La que sale desde Bogotá por el Sisga no resiste el tráfico pesado, y la que conecta con Boyacá y Casanare también se encuentra bloqueada. Las dos son y serían -si se comparan costos, tiempos de viaje y distancias- inviables económicamente.
La economía llanera se encuentra colapsada. La región produjo, en 2024, cuatro millones de toneladas de alimentos suficientes para alimentar a Bogotá en el mismo periodo. Hoy no tienen cómo llegar a la capital, pudiendo el huevo y la carne de pollo triplicar pronto su precio allá, advirtió el gremio que aglutina a esa industria. Los transportadores de carga estiman que los cierres parciales les generan pérdidas diarias cercanas a los 7.000 millones de pesos. Esto afecta no solo al transporte de carga y pasajeros, sino también al abastecimiento de alimentos, combustibles y al turismo regional. Villavicencio, que en 2024 alcanzó una ocupación hotelera del 92 %; generó miles de empleos y más de 43.000 millones de pesos en reactivación turística, ve amenazada su proyección como destino estratégico por la inestabilidad de la vía.
No es momento para encontrar responsables de lo que actualmente ocurre, pero habla muy mal de gobiernos que nos vendieron la idea de autopistas de última generación que se quedaron en maquetas y publicidad. Tampoco es responsable interrumpir el desarrollo de nuevos proyectos “para que el sector privado no se lucre” o –como lo hace la ministra de Transporte– “responder” a la emergencia diciendo que “no hay plata”. La función de gobernar se refiere también a gestionarla y conseguirla.
Resulta indispensable establecer, por parte del gobierno nacional, un mínimo nivel de coordinación, a modo de Puesto de Mando Unificado, para resolver los actuales problemas de la vía. Corresponde a la ministra garantizar la articulación entre el ministerio que dirige, la ANI, las gobernaciones, las alcaldías y las corporaciones ambientales con la ciudadanía y el concesionario.
No podíamos aspirar a convertirnos en potencia agroalimentaria o “potencia mundial de la vida” manteniendo aislada nuestra despensa. La Orinoquía es fundamental para la seguridad alimentaria y la transición energética. Regularizar la vía no es solo una deuda con los llaneros: es una inversión en el futuro del país. No es serio, como lo hace el gobierno, invocar limitaciones de orden constitucional para gestionar recursos y hacer su trabajo, aunque sea diferente a preparar las elecciones de 2026, en lo que se encuentra tan “ocupado”.
