¿Mejor seguridad que policía?

Puede ser una expresión popular, pero es otro falso dilema. Pandemia, aumento de pobreza y desigualdad, influencia de las redes sociales, y no solo los excesos o insuficiencias policiales, son responsables, en un periodo excepcional, del deterioro de la seguridad. La protección de nuestras libertades no es incompatible con las funciones del Estado y el ejercicio de su autoridad.

Luego de las críticas a los cuerpos policiales en la crisis de septiembre de 2020 podemos comprender que el deterioro de la seguridad tiene múltiples causas, pero no es imputable a la policía. En realidad, las autoridades policiales constituyen un indispensable elemento del sistema político. Su actuación, en el extremo, se produce como consecuencia de desequilibrios económicos, laborales, sociales o ante la insuficiencia del sistema legal o los canales de expresión política.

El asesinato de Javier Ordoñez-8 de septiembre de 2020- y la pandemia señalaron un antes y un después en la seguridad de los colombianos. Así se puede constatar en la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá según la cual la percepción de inseguridad aumentó de 60% en 2019 a 76% en 2020. No solo se trata de percepción: en el mismo estudio el número de ciudadanos afectados por algún delito ascendió a 17%. Las cifras se confirman en una encuesta de Invamer en la cual la inseguridad, como problema de los ciudadanos, se multiplica exponencialmente, al pasar de 2.7% en agosto de 2020 a 9.4%, en abril de 2021.

Esta situación ha propiciado la reacción apresurada de los gobiernos nacional y locales cuyo más reciente episodio se refiere a la solicitud de militarización de Bogotá por parte de la alcaldesa y a la proyección de una ley de seguridad ciudadana centrada en la articulación de las instituciones del Estado, así como la actualización de la legislación sobre hurto- bajo el principio de que la legislación actual promueve impunidad- y un proyecto de reforma de la policía. Son medidas necesarias para superar disfunciones entre niveles de gobierno o entre administraciones y poder judicial, pero podrían resultar insuficientes si no se logra establecer la real magnitud de la inseguridad actual.

Para comenzar, conviene observar las dimensiones globales del asunto: la seguridad ciudadana ha sido eje del debate en las elecciones europeas y actualmente en las francesas como lo fue en las estadounidenses con el movimiento Black Lives Matter luego del homicidio de George Floyd. En todos los casos se refiere al desempeño de las autoridades policiales con un común denominador adicional: la influencia de las redes sociales en la formación de la opinión. En la Bogotá de 2020 las redes sociales, con un 43%, se convirtieron en la principal fuente de información para formar opiniones sobre seguridad.

Los cambios tecnológicos, como ha ocurrido a lo largo de la historia, modifican los paradigmas haciendo obsoletas visiones tradicionales. En Latinoamérica y Colombia al estudiar los fenómenos de violencia, abusos policiales y delitos, hemos utilizado habitualmente en el análisis generalidades reales como deterioro urbano, debilitamiento del Estado y cambio del modelo de seguridad nacional al de seguridad ciudadana. Estereotipos importantes que no explican, por sí mismos, la actual crisis. El atraso del régimen político y los sistemas legales - como se intenta actualizar con las reformas- un intento de responder al desarrollo tecnológico y la influencia de las redes es, sin duda, uno de ellos; los efectos en la economía de la pandemia, otro.

En Colombia, con las cárceles llenas y el sistema penitenciario en crisis, mejor que penalización pueden ser participación e inclusión, pero en ningún caso podemos excluir o satanizar el ejercicio de la autoridad encarnado en los cuerpos de policía. En su reforma no puede faltar la dignificación de su oficio y un mejoramiento de sus condiciones laborales. A menos que pretenda utilizarse como elemento de campaña, el cumplimiento de sus funciones y la recuperación de la seguridad no son consignas con color político ni pueden adjudicarse a algún autor o partido. Se trata de supervivencia y convivencia ciudadana.

@herejesyluis