Puede sonar injusto e inconveniente proponer una disminución de los salarios, tan irracional e irreal, por no decir populista, como pensar que podemos referirnos a utilidades, salarios e impuestos, en plena recesión, como si no pasara nada. La recuperación del empleo perdido en la pandemia y la superación de los niveles históricos de desempleo guardan relación directa con el restablecimiento de la salud pública y la reducción consistente de la incertidumbre. Como están las cosas, sus tiempos dependen más de los de aplicación de la vacuna que de eventuales variaciones salariales.
Las cifras del PIB, - 9,0% en el tercer trimestre, y de desempleo,14,7% en octubre, “apenas” dos puntos arriba de las publicadas en marzo antes de la pandemia, invitan al optimismo y hablan bien de los agentes de la economía y de la respuesta estatal a la recesión forzosa que hemos vivido. A pesar de inmensas dificultades los paliativos han actuado, pero sabemos que el Estado no puede subsidiar la demanda para siempre y no conocemos, sin vacuna o con su aplicación tardía, la magnitud ni fecha de un rebrote que nos puede devolver a cero. Por lo pronto sobreaguamos, pero hemos debido estirar la regla fiscal y endeudarnos, en una dinámica que se debe mantener, cuando menos, hasta el próximo año y que en algún momento nosotros, los colombianos todos, debemos pagar.
En estas circunstancias se ha abierto un debate sobre lo que conviene, en cuyo marco un notable grupo de economistas echó su cuarto de espadas proponiendo desarrollar programas de obras públicas intensivas en trabajo, una conveniente iniciativa; una flexibilización temporal en las reglas de contratación de nuevos empleos, como propone la OCDE, y, siguiendo la receta neoclásica, disminuir los salarios, lo que podría funcionar en un mercado perfecto, siendo más aterrizado suponer que los salarios son inflexibles hacia abajo y hay otros factores más importantes en el empleo, como lo ha demostrado la misma crisis que disparó el desempleo sin que los salarios se inmutaran. ¿Pero se puede descartar como principio la propuesta, una reacción primaria de algunos opinadores?
Por supuesto que nadie desea consolidar las condiciones del trabajo informal y, en teoría, toda forma de contratación en todos los países debería ajustarse a los estándares de la OIT, un objetivo deseable que, como todas las acciones terrenales, debe sin embargo considerar la realidad. Su aplicación sin evaluar circunstancias ni contexto tendría como resultado la desaparición de millones de empleos, confirmando que lo mejor, también en este caso, resulta enemigo de lo óptimo, un mundo con pleno empleo en condiciones OIT.
Pero para ello sería necesaria la universalización de esas reglas, es decir, que los trabajadores chinos, norteamericanos, japoneses, etc., las aplicaran, cosa que no ha ocurrido ni se vislumbra. También se podría desarrollar en un país estableciendo un modelo de proteccionismo sostenible en autarquía, que en la globalización resulta imposible, aun con una eventual generalización de muros como los del presidente Trump. Entre tanto la pérdida de competitividad consumiría rápidamente los empleos creados, conduciendo a la postración de la economía. ¿Cuántas veces habrá “incrementado” salarios nuestro vecino Maduro?
Por otra parte, un incremento de salarios, en condiciones de receso, puede estimular la demanda, pero no permite la creación de nuevos empleos, convirtiéndose en beneficio exclusivo de sectores trabajadores privilegiados. ¿Y qué haríamos con los millones que necesitan ingresar al mercado laboral?
Una negativa al aumento salarial, que en algún momento la dinámica de la economía puede necesitar, no es sostenible como posición de principios, pero tampoco lo es la oposición fundamentalista a la flexibilización de las condiciones de contratación. Proponer y defender cosas así en las actuales circunstancias, más que irreal, es solo populismo puro y duro.
@herejesyluis
Puede sonar injusto e inconveniente proponer una disminución de los salarios, tan irracional e irreal, por no decir populista, como pensar que podemos referirnos a utilidades, salarios e impuestos, en plena recesión, como si no pasara nada. La recuperación del empleo perdido en la pandemia y la superación de los niveles históricos de desempleo guardan relación directa con el restablecimiento de la salud pública y la reducción consistente de la incertidumbre. Como están las cosas, sus tiempos dependen más de los de aplicación de la vacuna que de eventuales variaciones salariales.
Las cifras del PIB, - 9,0% en el tercer trimestre, y de desempleo,14,7% en octubre, “apenas” dos puntos arriba de las publicadas en marzo antes de la pandemia, invitan al optimismo y hablan bien de los agentes de la economía y de la respuesta estatal a la recesión forzosa que hemos vivido. A pesar de inmensas dificultades los paliativos han actuado, pero sabemos que el Estado no puede subsidiar la demanda para siempre y no conocemos, sin vacuna o con su aplicación tardía, la magnitud ni fecha de un rebrote que nos puede devolver a cero. Por lo pronto sobreaguamos, pero hemos debido estirar la regla fiscal y endeudarnos, en una dinámica que se debe mantener, cuando menos, hasta el próximo año y que en algún momento nosotros, los colombianos todos, debemos pagar.
En estas circunstancias se ha abierto un debate sobre lo que conviene, en cuyo marco un notable grupo de economistas echó su cuarto de espadas proponiendo desarrollar programas de obras públicas intensivas en trabajo, una conveniente iniciativa; una flexibilización temporal en las reglas de contratación de nuevos empleos, como propone la OCDE, y, siguiendo la receta neoclásica, disminuir los salarios, lo que podría funcionar en un mercado perfecto, siendo más aterrizado suponer que los salarios son inflexibles hacia abajo y hay otros factores más importantes en el empleo, como lo ha demostrado la misma crisis que disparó el desempleo sin que los salarios se inmutaran. ¿Pero se puede descartar como principio la propuesta, una reacción primaria de algunos opinadores?
Por supuesto que nadie desea consolidar las condiciones del trabajo informal y, en teoría, toda forma de contratación en todos los países debería ajustarse a los estándares de la OIT, un objetivo deseable que, como todas las acciones terrenales, debe sin embargo considerar la realidad. Su aplicación sin evaluar circunstancias ni contexto tendría como resultado la desaparición de millones de empleos, confirmando que lo mejor, también en este caso, resulta enemigo de lo óptimo, un mundo con pleno empleo en condiciones OIT.
Pero para ello sería necesaria la universalización de esas reglas, es decir, que los trabajadores chinos, norteamericanos, japoneses, etc., las aplicaran, cosa que no ha ocurrido ni se vislumbra. También se podría desarrollar en un país estableciendo un modelo de proteccionismo sostenible en autarquía, que en la globalización resulta imposible, aun con una eventual generalización de muros como los del presidente Trump. Entre tanto la pérdida de competitividad consumiría rápidamente los empleos creados, conduciendo a la postración de la economía. ¿Cuántas veces habrá “incrementado” salarios nuestro vecino Maduro?
Por otra parte, un incremento de salarios, en condiciones de receso, puede estimular la demanda, pero no permite la creación de nuevos empleos, convirtiéndose en beneficio exclusivo de sectores trabajadores privilegiados. ¿Y qué haríamos con los millones que necesitan ingresar al mercado laboral?
Una negativa al aumento salarial, que en algún momento la dinámica de la economía puede necesitar, no es sostenible como posición de principios, pero tampoco lo es la oposición fundamentalista a la flexibilización de las condiciones de contratación. Proponer y defender cosas así en las actuales circunstancias, más que irreal, es solo populismo puro y duro.
@herejesyluis