Estando inconclusa la histórica discusión acerca de si la economía pertenece al área del conocimiento de la política o viceversa, algunos políticos colombianos han querido resolverla poniendo en cintura o bajo su “jurisdicción” a los economistas colombianos. El proyecto de ley que hace trámite en la Cámara con la pretensión de “regular la profesión del economista” parece más la conformación de un tribunal inquisitorio con sus respectivos pretextos. Incluye un código con una particular visión de ética que ofende a los economistas y a cualquier profesional.
Lo que debería servir como marco de referencia para enriquecer y promover las buenas prácticas en el ejercicio profesional se reduce a la presunción, tipificación y sanción de conductas fundamentadas en juicios de valor que colocarían a los economistas a merced de la particular visión de sus inquisidores o de políticos y gobiernos con capacidad de influir en el organismo que sanciona. Los productos de su trabajo y opiniones podrían convertirse en moneda de cambio de transacciones regidas por la nefasta práctica del “yo te doy, tú me das” o “una mano lava la otra”, como han puesto de moda malos políticos en nuestro país. A riesgo de convertirse en objeto de sanciones o condicionamientos para ejercer su profesión, quedarían sujetos a su voluntad e intereses.
Ejemplos a la mano pululan en el proyecto: 1) Al “anteponer los valores de la nacionalidad y los intereses de la patria y la sociedad a cualesquiera otros”. ¿Incluirán los “otros” los derechos humanos? 2) Al “ajustar los medios de propaganda o publicidad a las reglas de la prudencia y el decoro profesional, evitando que den lugar a equívocos sobre su especialidad o idoneidad profesional”. ¿Cuál será el marco para invocar en la publicidad el decoro y cuáles sus límites y los de la prudencia? 3) Al “abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de colegas, señalando errores profesionales en que estos incurrieren…”. ¿Qué haremos para cuestionar las equivocaciones u opiniones encontradas con colegas funcionarios públicos sin temor a expresarlo y resultar sancionados? En el mismo sentido, ¿cuál será la forma apropiada para no “difamar o denigrar a sus colegas o contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios, con motivo de su actuación profesional”?
La manera como se encuentra estructurado el proyecto describe bien sus propósitos: de sus escasas 30 páginas, el propuesto código de ética asume siete; los procedimientos disciplinarios, la clasificación y los límites de las faltas, diez, y las disposiciones varias, prácticamente todas referidas a sanciones, dos. La intención de condicionar y controlar el ejercicio de la profesión mediante un modelo que privilegia la capacidad de juzgar y sancionar sobre garantías profesionales y criterios académicos es evidente.
En ausencia de sustento, contenidos y discusión académica en el proyecto, una definición del economista más importante del siglo XX, John Maynard Keynes, puede ser de utilidad para abrir un indispensable debate o ambientar un futuro proyecto. Para Keynes, el “economista debe poseer una rara combinación de dotes; debe ser matemático, historiador, estadista y filósofo; debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento; debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro; ninguna parte de la naturaleza del hombre y de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración; debe ser simultáneamente desinteresado y utilitario, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político”.
Resultaría imposible a la luz del proyecto propuesto por el representante Oswaldo Arcos del Valle del Cauca —de quien no conocemos otros antecedentes— ejercer libremente una profesión como la descrita por Keynes. Seguramente, al encontrarse tan “cerca de la tierra”, más bien con la cabeza enterrada dentro de ella, al representante se le ocurrió la esplendorosa idea de enclaustrarnos para acompañarlo. Los congresistas y el gobierno, encabezado por el presidente Duque y los ministros vinculados con la rama, tienen el imperativo legal, ético, moral y profesional de impedir el avance de semejante esperpento.
