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Se trata de poner el orden institucional en entredicho. Tramitar una constituyente significa, entre otras cosas, descalificar y desconocer la capacidad de las cortes, comenzando por la constitucional, para decidir sobre la legalidad de las reformas hasta ahora aprobadas por el Congreso, y la estatización por la puerta de atrás de la salud. Un salvoconducto para no respetar normas e instituciones.
Para afrontar la pérdida de confianza y credibilidad en el gobierno, e intentar mejorar su influencia en las decisiones del congreso, las cortes y la agenda pública, se ha producido esta venida de Cristo quien, para conseguirlo, lanzará, de nuevo, el anzuelo del “Acuerdo Nacional”. Sería tan ingenuo pensar que se produce sin un preacuerdo con los expresidentes Santos y Samper, como que el acuerdo y la reforma constitucional en perspectiva no se refieren a la reedición del pacto que llevó a Petro hasta la presidencia o que esta no se convertirá en la bandera de ese movimiento, ahora formalmente relanzado, hacia 2026.
¿Qué tiene Juan Fernando Cristo que no tenía Luis Fernando Velasco, quien según su propia versión salvó los muebles al gobierno? Otorga garantías a los expresidentes Santos y Samper e intenta cooptar al liberalismo buscando la manera en que esa coalición logrará mantenerse en el poder en 2026. Se necesita candor colegial para pensar que el expresidente Santos no apoyó a Petro en 2022 o que no le está tirando un salvavidas a su gobierno reeditando la coalición. Debió estar Petro muy necesitado y debe ser Cristo muy valiente -en lugar del pragmático operador político que conocemos- para nombrarlo y aceptar el ministerio si ello no fuere así. Será, además, un calificado intermediario con la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, atentos a tomar decisiones importantes que comprometen la gobernabilidad.
A partir de ese acuerdo previo, se trata de buscar el mentado “Acuerdo Nacional” para seguir trabajando por una paz en la que Petro, en la práctica, reconoce su fracaso con su parte de los acuerdos con las FARC. Mientras sigue impresionando a sus fieles e intimidando a las instituciones con el “poder constituyente”, Cristo se dedicará a buscar un cauce institucional para la constituyente y otra proyectada reforma política; una judicial y satisfacer demandas “varias” como el derecho a la salud y las pensiones, un nuevo ordenamiento territorial, reforma agraria, etc., que ya tienen garantías constitucionales. Esto lo confirmó el presidente de la Corte Constitucional al afirmar: “Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991″. Petro, con la amenaza del poder constituyente, y Cristo, buscando influir en el Congreso y las cortes, combinarán formas de lucha para lograr un mismo objetivo: mantenerse en el gobierno en 2026.
De nuevo el espejismo de la Paz, como en la elección de Andrés Pastrana, las elecciones de Santos y la de Petro, sustituirá los problemas y retos de nuestro país en 2026. El nuevo ministro ha propuesto una paz “sin afanes ni imposiciones”, pero con grupos armados, de nuevo, vacunando, patrullando y secuestrando, y las milicias y grupos del “poder constituyente” como espada de Damocles para el resto de la sociedad.
Colombia necesita y necesitará permanentes actualizaciones y reformas, pero para ello no se necesita reelegir a una coalición que fracasó y ahora nos quiere embolatar con el cuento de una constituyente. Necesitamos reformas, pero este gobierno tuvo su oportunidad y la dilapidó en ofensas, desafíos y confrontaciones que espantaron a sectores de centro que, en su momento, le respaldaron. No existe ningún antecedente como para pensar que “ahora sí” lo logrará. ¿Alguien tiene miedo a unas elecciones en condiciones normales en 2026?
Para salvar este desastre, las habilidades de Cristo, el ministro, no serán suficientes. Se necesitaría el de verdad. A los demás mortales nos corresponde defender la Constitución.