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La frase según la cual “la gente está mamada del centralismo”, expresada por el ministro del Interior para justificar la reforma al Sistema General de Participaciones, desconoce la realidad de los entes territoriales y los posibles escenarios fiscales. Resulta insuficiente para explicar su improvisación. Es una camisa de fuerza que limitará la capacidad de gobierno y la unidad de la nación. Pero la promesa de su desarrollo durante el próximo gobierno y su capacidad de convocatoria son una manera de articular a parlamentarios y electores en la perspectiva de una campaña presidencial que ya comenzó.
La modificación de la Constitución pasa por alto su efecto en la estabilidad en las finanzas de la nación. Ya el pago de la deuda equipara y supera los gastos de inversión. Los intereses se llevan casi el 60 % del total de pagos que realizamos. ¿Cuánto podrán subir si, como implica la reforma, sigue aumentando el riesgo para los inversionistas? Un anticipo de sus efectos ha sido el alza del dólar que hemos sentido dada la difícil situación fiscal y la aprobación en sexto debate del acto legislativo.
Revivir la vieja discusión entre centralismo y descentralización para justificar la modificación abrupta al Sistema General de Participaciones ignora los avances del país a casi 40 años del Acto Legislativo 01 de 1986, que permitió la elección popular de alcaldes. La descentralización como necesidad política y administrativa es un debate que resolvió la misma Constitución hace mucho. En esa dirección han avanzado mandatos como la Ley 60 de 1993 que comenzó a reglamentar la descentralización fiscal y administrativa; la Ñey 715 de 2001 que la modificó, y el Acto Legislativo 02 de 2019 que reforzó la autonomía de los territorios al crear las Regiones Administrativas y de Planificación. El problema de la descentralización en Colombia no nos remite a su conveniencia. Valdría la pena, más bien, explorar los obstáculos que han impedido su desarrollo.
Los aspectos más complicados del proceso de descentralización no se refieren a la falta de normas. Han sido la corrupción asociada a los cada vez renovados clanes que se han apropiado de la política regional, así como la influencia de grupos armados en los presupuestos departamentales y municipales. El reciente caso de la UNGRD, pese a que ya han pasado ocho años de firmados los acuerdos con las FARC, ha confirmado que el problema sigue vigente. Fiscalización y control sobre los presupuestos regionales en tiempo real no existen. Contralorías y personerías quedan en manos de los mismos actores políticos que ganan las elecciones.
Además de una mejor y mayor participación ciudadana con la que sigue en deuda, el desarrollo de la descentralización se refiere al equilibrio entre competencias y recursos. Luego de la definición constitucional y política sobre lo que se puede y no se puede hacer -las competencias- se trata de conseguir y apropiar los recursos necesarios para acometerlas. Pasar del 23,8 % al 39,6 % de los ingresos corrientes de la nación -un 63 % de los ingresos totales en 2024- a las entidades territoriales debería, antes que nada, considerar el origen y asignación de los recursos, resolviendo, junto con un inventario de necesidades factibles, la sostenibilidad fiscal y la creación de rentas -y no solo gastos- en los territorios. Un buen ejemplo de ello es el caso de Bogotá que mediante el auto avalúo estableció una nueva cultura tributaria e hizo viables unas finanzas hasta entonces insostenibles.
Si la reforma se aprueba, la capacidad de los gobiernos quedará, en buena parte, hipotecada a los clanes políticos regionales. El proyecto comenzó por el final -los recursos- para complacer a esa clase política, dejando para después la definición de competencias. Ello resultaría inexplicable de no ser por los objetivos políticos, o más bien politiqueros, que persigue: el aglutinamiento de la clase política hacía las elecciones de 2026.
