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Con el fraude en las elecciones y la represión desatada, el régimen en Venezuela pasó de dictadura vergonzante a descarada. Está demorado el gobierno Petro en explicar a los colombianos y al mundo la postura del Estado que preside y no solo la de su partido. Ningún argumento justifica su dilación. No condenar los excesos del régimen puede entenderse como tácita solidaridad.
Los resultados electorales publicados por la oposición que conceden un arrollador triunfo a González han sido reconocidos por las únicas entidades admitidas por el régimen para hacer veeduría a las elecciones: la misión de la ONU y el centro Carter. Otro tanto han hecho organizaciones neutrales con experiencia en el tema como la MOE desde nuestro país. Entre tanto el gobierno nacional mantiene un inexplicable silencio, al no reconocer al presidente electo y frente a las violaciones a los derechos humanos documentadas por la CIDH, habitual referente del actual presidente de Colombia en sus tiempos de opositor. El silencio del gobierno es cada día más ruidoso e inexplicable.
La paz de Colombia no es argumento suficiente para callar ante la tiranía. Todo lo contrario. Sin un régimen alcahueta y socio de grupos armados y narcotraficantes otra sería la situación en nuestro país. Se podrán argüir criterios como el papel de intermediación que cumple el régimen de Maduro en la paz de Colombia. Desde ese punto de vista, las organizaciones armadas y narcotraficantes asentadas en Venezuela le sirven más a la dictadura. A la vez, se sirven de ella y les conviene su permanencia, pero ello no puede convertirse en factor de decisión en el tipo de relaciones que debe mantener una democracia como la que aún somos, como postura de Estado.
Tampoco las necesidades de los colombianos que viven en las zonas de frontera. Han debido convivir en el pasado con la indeseable realidad de una frontera cerrada. El acuerdo de Barbados, esgrimido como esperanza de una salida negociada, ha terminado de fracasar al protocolizarse el fraude mediante una decisión sin sustento del Tribunal Supremo de la dictadura. El contexto internacional tampoco explica nuestro silencio a menos que pretendamos alinearnos con Putin, Ortega y sus amigos y no con la comunidad democrática.
Las democracias de América y la Unión Europea, en una sola voz, han reconocido el triunfo de la oposición. Forjando un hito histórico, María Corina Machado y Edmundo González -el presidente electo- pudieron utilizar, de manera inteligente, las oprobiosas y desventajosas condiciones en que transcurrió el proceso electoral para poner al régimen en evidencia incontrastable y alcanzar una victoria ratificada por las multitudinarias movilizaciones que le han sucedido. Pese a la violencia, los encarcelamientos de dirigentes, periodistas y las amenazas, una arrollada ciudadanía se mantiene firme, esperando, cuando menos, la solidaridad de sus hermanos y vecinos.
Venezuela ha perdido, además de la democracia, la esperanza. Debemos prepararnos, si Maduro no se va, para una nueva ola de migrantes. Millones más saldrán si no se reconoce el triunfo de González. Un estudio de la firma Meganalisis realizado luego de conocerse el fraude reveló que otro 34,7 % de quienes aún viven allí están alistando su viaje y solo un 22,1 % está pensando en quedarse. La dictadura, literalmente, acabó con el país. Al momento de escribir esta columna ya se habla de 13.000 migrantes en Maicao.
Los gobiernos representan el interés general y no solo a sus particulares visiones. Altos funcionarios que se presumen democráticos en el actual gobierno de Colombia, como el ministro Cristo y los embajadores “santistas” radicados en Europa no pueden pasar por alto el inmovilismo oficial en que nos encontramos. Son corresponsables de lo que ocurra en adelante.
