La proximidad de las elecciones en Colombia, anticipó la OCDE, impedirá una reforma fiscal estructural por pura inconveniencia y falta de viabilidad política, pero ha expresado con razón que se necesitan esa y otras reformas, no siendo el nuestro el único país motivado a realizar ajustes en un mundo que cambió. A España, por ejemplo, la Comisión Europea le ha sugerido una reforma fiscal, como la que intenta el presidente Biden que, evidentemente, es estructural, global y profunda. ¿Tendremos en Colombia una reforma con el proyecto presentado en el congreso? No la que necesitamos, con seguridad.
Del trámite en el congreso resultará una mezcla de conveniencia y necesidades caracterizada por las presiones hacia el gobierno de las calificadoras de riesgo, por las que asumirá un enorme costo político, y las propias del debate en un año electoral. No tendremos una reforma estructural, una que con equilibrio y justicia realice los ajustes necesarios, siendo absurdo y oportunista pensar que el Estado puede cumplir su función sin recursos o que los subsidios, en ausencia de ingresos, se pueden mantener para siempre. El Estado redistribuye y equilibra, pero, en el largo plazo, no puede reemplazar el trabajo de la sociedad, ni siquiera en un país tan “rico” como era Venezuela.
Pero no todas las propuestas de reforma son inoportunas e inconvenientes. Además de los efectos de la pandemia y estando en curso la revolución digital se avizoran indispensables transformaciones fiscales y, también, institucionales. La propuesta del gobierno Biden para cobrar un impuesto mínimo global a las grandes corporaciones, además de forzosa para igualar las reglas globales de la economía y el comercio, requiere de acuerdos entre los Estados para hacerlos efectivos. Puede ser el comienzo de una inédita gestión institucional, en la que el Estado recuperará recursos y protagonismo.
La actual estructura productiva mundial se encuentra sustentada en la ausencia o incumplimiento de reglas globales. Las diferencias en competitividad de los países muchas veces se apoyan en incumplimiento de mínimos ambientales o laborales homogéneos para todas las naciones. Se pueden vender productos más baratos -lo que nos beneficia a todos- en detrimento de personas y países o el mismo medio ambiente. Ramas completas de la producción se trasladaron en las últimas décadas aprovechando esas “oportunidades”.
El modelo se ha complementado con una difusa y descoordinada estructura mundial de tributación en la que grandes corporaciones, literalmente, pagan impuestos en los lugares más convenientes para ellas dando lugar a lo que conocemos como “paraísos fiscales”. Como consecuencia los Estados, en general, han visto reducir sus ingresos y muchos empresarios, trabajadores, productores y fabricantes locales se han perjudicado enormemente. Para que el Estado logre operar, estos sectores y los mismos ciudadanos, como ocurre ahora en Colombia, deben cubrir los impuestos que muchas multinacionales, dejan de pagar. Los parámetros de competitividad no son los mismos en los diferentes países. En circunstancias así, si añadimos los niveles de ineficiencia y corrupción, como ocurre en Colombia, el asunto es más complejo.
Cuando hablamos de “competitividad” generalmente nos referimos a dotación de recursos, productividad; capacidades de infraestructura o estabilidad de las normas sin considerar que las reglas no son las mismas para todos los jugadores. La competencia entre estas corporaciones parece una en que los márgenes de utilidad son inversamente proporcionales a la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos. Si el país X aumenta su tasa de impuestos declararán en Y o Z o cambiarán sus nichos de inversión o actividad. En esas circunstancias para atraer nueva inversión o mantenerla se hace necesario “bajar” impuestos a las corporaciones hasta los niveles de quienes menos cobran.
Mientras la administración Trump pretendió resolver el problema con el retorno al proteccionismo, el gobierno Biden, respaldado en principio por organismos multilaterales, ha comprendido que se trata de un problema global y su solución también lo es. Hacía allí apunta la propuesta global para reformar los sistemas fiscales convirtiéndolos, para esos efectos, en uno, en el que las corporaciones paguen un mínimo global que recaudarían los diferentes estados. Es, en realidad, un principio hacia una Hacienda pública más justa que se corresponda con las características contemporáneas de la economía y el comercio y no con las del siglo antepasado.
La propuesta del gobierno Biden, en las actuales circunstancias de déficit aumentado por la atención de la pandemia en muchos países en desarrollo, cae como un salvavidas a los gobiernos. Pero no se trata solamente de una salida en una coyuntura adversa, tanto como de la creación de unas bases para un intercambio comercial más armónico equilibrado y justo entre las naciones.
